Tal día como hoy del año 1939, hace 80 años, en el contexto de los meses inmediatamente posteriores a la ocupación franquista de Barcelona y a la conclusión de la Guerra Civil española (1936-1939), Wenceslao González Oliveros, gobernador civil de Barcelona impuesto por el nuevo régimen, ordenaba la ilegalización de “todas las sociaciones y sociedades civiles anteriores a la liberación de Barcelona que se hallen inscritas en el registro de Sociedades mercantiles”. Desde la ocupación franquista de la ciudad (26 de enero de 1939), el riquísimo tejido asociativo de Barcelona había desaparecido o ya actuaba en la clandestinidad. Aquella orden no hacía más que dar definitiva carta de naturaleza a una situación que ya se producía de facto.

Aquella orden también tenía un propósito claramente fiscalizador. En otro párrafo de la nota publicada se decía que  “deberán revalidar ante este Gobierno civil su situación, remitiendo al efecto, para su aprobación o desaprobación, un ejemplar de sus Estatutos, lista de directivos y socios y mención concreta de si el local social pertenece en propiedad a la Asociación de que se trate”. Con esta estrategia se pretendía ejercer ―sin ningún tipo de complejo― un control absoluto sobre el movimiento y el pensamiento de las personas que formarían parte de las escasas asociaciones que se atrevieron a solicitar su restauración; y situarlos en un banco de datos que discriminaba los "afectos al régimen" con respecto a los "desafectos al régimen" o a los "indiferentes".

González Oliveros (Toro, 1890 – Madrid, 1965) que fue nombrado gobernador civil el mismo día que las tropas franquistas ocupaban Barcelona (26 de enero de 1939), ya era un personaje muy conocido por su larga trayectoria españolista y sus proclamas anticatalanas. Había militado en el PRR de Lerroux y en la Unión Monárquica Nacional del dictador Primo de Rivera. Durante su etapa como gobernador de Barcelona fue el principal responsable de los procesos de depuración ideológica en el mundo laboral; y, incluso, en más de una ocasión había dirigido sobre el terreno operaciones policiales de clausura de escuelas catalanas. En 1945 el régimen franquista lo premió nombrándolo presidente del temido Tribunal de Responsabilidades Políticas.