Tal día como hoy del año 1944, hace 74 años, el general Franco —jefe del Estado español— firmaba el decreto de creación del documento nacional de identidad —conocido popularmente con el acrónimo DNI— que pasaba a sustituir la cédula personal que había estado vigente, durante setenta años, desde la Primera República española (1874). También el DNI sería concebido como un instrumento de dominación y de represión. En aquel decreto de creación, los organismos públicos que históricamente habían tramitado la cédula personal (ayuntamientos y diputaciones provinciales) perdían esta competencia en beneficio del Ministerio del Interior, que lo ejercería a través de los servicios de seguridad del régimen franquista.
El número 1 del DNI se reservó al general Franco, que había sido el verdadero ideólogo del nuevo sistema. A la esposa y a la hija del dictador —Carmen Polo y Carmen Franco— se les reservó los números 2 y 3, respectivamente. Unos años después (1961) el régimen franquista reservaría los números 10 al 99 a la futura familia real española. Los, entonces, príncipes de España Joan Carles de Borbó y Sofía de Grecia pasarían a tener los números 10 y 11, respectivamente. Y posteriormente sus hijos y nietos, los números correlativamente consecutivos: la infanta Elena pasaría a tener el 12, misteriosamente se invalidaría el 13, la infanta Cristina el 14, el príncipe Felipe el 15; y las hijas de este último —Eleonor y Sofía— el 16 y 17, respectivamente.
Modelo cédula personal previa al DNI / Fuente: Diputación de Tarragona
En Catalunya, durante los primeros años de implantación del nuevo documento, el DNI sería utilizado por el régimen franquista como un instrumento de marginación y de persecución. Los primeros usuarios, obligadamente, de aquel nuevo documento serían aquellas personas que estaban en régimen de libertad vigilada por pretendidos delitos de tipo político (que habían sido procesadas y condenadas por la Ley de Responsabilidades Políticas o por la Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo). También las personas que, por razones diversas, se desplazaban habitualmente fuera de su ciudad de residencia, y que en aquel escenario de represión estaban permanentemente bajo sospecha de colaborar con la oposición al régimen, serían obligadas a adquirir inmediatamente el nuevo DNI.