Tal día como hoy del año 1924, hace 96 años, en Madrid, un grupo de inversores muy bien relacionados con el régimen dictatorial del general Primo de Rivera fundaban la Compañía Telefónica Nacional de España. La creación de esta compañía impulsaría, acto seguido, la publicación de un decreto de concesión del monopolio de la explotación de las comunicaciones telefónicas a su favor, que entraría en vigor cuatro meses más tarde (25/08/1924). El mismo decreto conduciría a los concesionarios telefónicos catalanes a su progresiva disolución dentro del nuevo gigante creado con apoyo gubernamental.
Antes del decreto, en Catalunya había dos operadoras de capital del país: la Compañía Peninsular de Teléfonos, fundada en Barcelona el 28 de mayo de 1894 por un grupo de inversores catalanes e ingleses liderados por Enric Parellada i Pallàs; y la Compañía Telefónica del Vallès, creada en 1913 por un grupo de industriales de Terrassa y de Sabadell. El mercado telefónico catalán estaba en alza desde que la Mancomunitat (intervenida y en proceso de liquidación por el régimen de Primo de Rivera) había impulsado un plan que preveía extender la red telefónica catalana hasta el rincón más remoto del país.
La Compañía Peninsular tenía miles de abonados en Catalunya, Aragón y País Vasco; y fue forzada a disolverse dentro de la nueva compañía madrileña. En cambio, la Compañía Telefónica del Vallès, por su dimensión más reducida y por su alcance territorial menor, podría resistir semicamuflada como una especie de servicio privado, hasta que, después de la Guerra Civil española (1945), el régimen franquista nacionalizó la Compañía Telefónica Nacional de España y decretó la absorción de todas las pequeñas operadoras que habían resistido a la operación de Primo de Rivera.