Tal día como hoy del año 1972, hace 47 años, a las 00.20 horas de la madrugada se producía una potente explosión en un edificio situado en la esquina de las calles Capità Arenas y Santa Amèlia, en el distrito de Sarrià, en Barcelona. Del resultado de aquella explosión, las puertas terceras de aquel edificio de diez plantas se hundieron, y según la nota de prensa que publicaba al día siguiente (7 de marzo de 1972) La Vanguardia Española, el inmueble quedó seccionado "como si lo hubieran cortado limpiamente con un cuchillo". Las primeras informaciones hablaban de dieciséis víctimas mortales que habían sido localizadas por los servicios de emergencias en las primeras maniobras de retirada de los escombros acumulados en la calle. Pero en el transcurso de las horas posteriores los bomberos localizarían hasta tres cuerpos más que elevaría el total de víctimas mortales a diecinueve.

A pesar de que, desde el principio, ninguna fuente oficial apuntó las causas reales de aquella explosión, sólo pasados unos días cobraría fuerza la posibilidad de un escape de gas natural. Y aunque los expertos que aportó el Col·legi d’Enginyers lo desestimaron, meses más tarde se iniciaba el juicio contra Catalana de Gas, que finalmente llegaría a un acuerdo para pagar las indemnizaciones, pero nunca aceptaría la responsabilidad. A las diecinueve víctimas mortales, había que sumar los heridos, los daños estructurales que sufrió el edificio y los daños menores que sufrieron los edificios del entorno y los vehículos estacionados en la vía pública. Según los testigos, aquella explosión propulsó cristales, hierros y añicos de material de construcción en un radio de 200 metros. En mayo de 1977 ―cinco años después― la Audiencia provincial de Barcelona decidió sobreseer el expediente.

Años más tarde, la prensa revelaría la sospecha de que aquella explosión se había producido en el contexto de una guerra de intereses económicos. Según el diario El País en su edición del 18 de junio de 1976 (casi un año antes de que la Audiencia de Barcelona decidiera sobreseer el expediente), aquella guerra enfrentaba a Pere Duran Farell, presidente de Catalana de Gas y partidario de la liberalización del suministro de la energía, con Luis Valero Bermejo, miembro de los consejos de administración de varias empresas energéticas monopolistas, abogado del Estado (lo sería hasta 1980) y presidente de la Confederación Nacional de Excombatientes. En aquel artículo El País apunta la posibilidad de que Valero podría haber estado detrás del siniestro con el propósito de desprestigiar Catalana de Gas, en una operación que tildaba de "terrorismo blanco".