Tal día como hoy del año 1925, hace 93 años, funcionarios adscritos al Cuerpo de Vigilancia y Seguridad de Barcelona, bajo la autoridad directa del gobernador civil y militar provincial Joaquim Milans de Bosch y Carrió, detenían a los miembros del pelotón Roell —de la organización clandestina independentista y republicana Bandera Negra— que siete días antes habían llevado a cabo el atentado frustrado contra el tren donde viajaba el rey Alfonso XIII en los túneles del Garraf. Aquel operativo policial-militar se desplegó en un escenario político y social de estado de excepción que era vigente desde que el 13 de septiembre de 1923 el general Primo de Rivera, con el apoyo del rey, del ejército y de una buena parte de la burguesía y del clericato había liderado un golpe de estado y había impuesto un régimen dictatorial.

El 30 de mayo anterior, los miembros del pelotón Roell, habían colocado un potente artefacto en los túneles del Garraf, que tenía que explotar al paso del tren real. El atentado resultó fallido, según algunas fuentes, por la delación del padre de uno de los miembros del pelotón que no aprobaba la implicación de su hijo en aquella operación. No obstante, el llamado "Complot del Garraf" sería el pretexto de Milans del Bosch para justificar una intensificación de la persecución de cualquier persona u organización vinculada con el catalanismo. En aquel caso con relación o no con la comisión del atentado. Durante los días inmediatamente posteriores se detuvieron a centenares de personas, principalmente de las organizaciones clandestinas Unió Catalanista, Estat Català y Acció Catalana. 

El día 6 de junio fueron detenidos Jaume Compte, Marcel·lí Perelló, Jaume Julià, Miquel Badia, Deogràcies Civit, Francesc Ferrer, Joan Garriga, Emili Granier, Ramon Fabregat y Antoni Argelaguer. Según la investigación historiográfica, durante el periodo de detención, fueron brutalmente torturados. El historiador Eduardo Gonzalez Calleja, de la Universidad Carlos III de Madrid, cuando se refiere a los métodos policiales del régimen de Primo de Rivera dice: “Fue poner esa tarea en manos del Ejército, que gozó de un poder omnímodo, no controlado por ninguna assemblea, libre de la responsabilidad política exigible a un gobierno parlamentario y potenciado hasta la arbitrariedad por la suspensión de la Constitución y la virtual desaparición de la normes inherentes a las libertades públicas”.