Tal día como hoy del año 1486, en el monasterio de Guadalupe (entonces provincia castellano-leonesa de Extremadura), el rey Fernando II, monarca del edificio político catalano-aragonés, firmaba la Sentencia Arbitral de Guadalupe, que ponía fin —de forma salomónica— al conflicto civil que había enfrentado a los campesinos de remensa catalanes —sometidos a unas pesadas y humillantes servidumbres (los llamados malos usos) impuestas, progresivamente, por el régimen feudal, propio de la baja Edad Media, desde el siglo X— y la nobleza y las jerarquías eclesiásticas feudales (los grandes propietarios latifundistas).

A pesar de que el posicionamiento del rey Fernando era el de ejercer un papel neutral que legitimara aquella Sentencia Arbitral, es importante destacar que, durante el conflicto armado (1462-1486), el estamento de la Corona siempre —y esto quiere decir durante los reinados de Juan II y de Fernando II— había tomado partido por los remensas, no por solidaridad con la causa campesina, sino con el objetivo de erosionar el poder de la nobleza y de las jerarquías eclesiásticas y transformar la estructura del poder en una monarquía autoritaria, propia de los nuevos regímenes de la Edad Moderna.

La Sentencia de Guadalupe, a pesar de su naturaleza arbitral, no satisfizo a ninguna de las dos partes en conflicto. Los remensas no vieron satisfechas todas sus reivindicaciones y, seis años después (1492), el rey Fernando sufriría un atentado por parte del remensa Joan de Canyamars que casi le costaría la vida. Sin embargo, a partir de aquella Sentencia, Catalunya se convertiría en el primer país de Europa que iniciaba el desmantelamiento del régimen feudal y, por lo tanto, en la primera sociedad del continente que ingresaba en la nueva Edad Moderna que relevaba a la Edad Media. 

La Sentencia de Guadalupe también transformaría el paisaje productivo catalán. La propiedad de la tierra —y, por lo tanto, la fuente de producción— pasaría a manos de miles de familias productoras. La primera consecuencia sería la aparición de los primeros excedentes de producción que se destinarían a la exportación. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Catalunya pasaría a ser una sociedad mercantil —a diferencia de Castella, arruinada por la derrota de los comuneros (siglo XVI)— y pondría los cimientos para una futura revolución industrial (siglo XIX) que explicaría la fisonomía actual del país.