Tal día como hoy del año 1639, hace 379 años, el rey hispánico Felipe IV —en el contexto de la guerra de los Treinta Años (1618-1648) que enfrentaba, entre otros contendientes, las monarquías hispánica y francesa— enviaba una carta a Gerolamo Maria Caracciolo, marqués de Torrecuso y máxima autoridad militar de los Tercios de Castilla en el frente de los Pirineos, ordenando que los catalanes desalojaran sus casas para meter a los soldados. En aquella carta se decía textualmente: "Se ha de recordar a toda la gente —refiriéndose a los catalanes— la obligación de alojar los soldados en casas y camas aunque duerman en ellas los dueños, sin contemporizar con nadie, pues es razón que los de la tierra —de nuevo, los catalanes— duerman en una tabla, lo cual se ha de ejecutar aunque no vengan en ello los naturales —refiriéndose a la probable oposición de los catalanes— supuesto que con el enemigo al frente no es tiempo de admitir réplicas”.
La obligación de alojar a las tropas militares en las casas de la población civil era un privilegio nobiliario de origen feudal —instaurado en la centuria de 1000— que las clases populares no habían conseguido eliminar en las sucesivas modificaciones de las Constituciones catalanas. La clase militar hispánica, que no disponía de instalaciones propias al Principat, se había aferrado a esta ley mezquina que se convertiría en una más de las causas que impulsarían la Revolución de los Segadores (1640-1652). Las fuentes documentales revelan que aquella imposición multiplicaría el clima de rechazo a las tropas y al poder hispánicos —muy generalizado desde la ocupación militar iniciada en 1635—; y, también, multiplicaría la represión que los soldados ejercían sobre la población civil en forma de robos, palizas, amputaciones, violaciones, secuestros y asesinatos; que, en la justicia hispánica de guerra que se aplicaba sobre el territorio; quedaban siempre impunes.