Tal día como hoy del año 1844, hace 173 años, volvía del destierro en Roma la reina María Cristina de Borbón, la viuda -y sobrina- del rey Fernando VII, denominado el rey falón (el rey traidor). María Cristina era la madre de la futura reina Isabel II, que entonces tenia 14 años de edad. El fin del destierro -que le había sido impuesto a raíz del golpe de estado del general Espartero, autor del bombardeo sobre Barcelona (1842)- obedecía a un pacto entre las facciones moderada y progresista del Partido Liberal -contrario a los carlistas- que había obligado a dimitir a su líder Espartero. María Cristina retornó con la promesa que, defenestrado Espartero, las Cortes coronarían a Isabel.
María Cristina que, con anterioridad al destierro, había ejercido el gobierno (1833-1840) como viuda del Rey y como madre de la princesa heredera estaba políticamente muy desprestigiada. Al hecho de no haber sido capaz de conciliar las facciones liberales, se sumaba el conocimiento público que se tenía de una larga nómina de intereses mercantiles que engordaban el patrimonio de la monarquía mientras el conjunto de la sociedad sufría los efectos de una profunda crisis, provocada por las políticas erráticas de Espartero. Este, presionado por los acreedores ingleses de la deuda pública española, había decretado el librecambismo, provocando la ruina de la industria textil catalana, que afectaba tanto a patrones como a trabajadores.
Fernando VII e Isabel II
Pero en lo que era especialmente censurada -y donde obtuvo grandes beneficios- fue en la intensa relación que mantuvo con el mercado negro de esclavos que proveía las colonias hispánicas del Caribe. El comercio de esclavos -no la tenencia- estaba prohibido internacionalmente desde el Congreso de Viena (1815), firmado por las potencias ganadoras de las guerras napoleónicas y aceptado tácitamente por los Estados damnificados en aquel conflicto, entre ellos el reino de España. Pero su condición de jefe de estado no le impidió participar en el mercado negro de esclavos. Al contrario, hizo uso de su posición privilegiada para eludir el cumplimiento de las leyes internacionales.