¿Hay algún principio que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya vulnerado? Quizás haya llegado el momento de hacerse esta pregunta porque la última del Ministerio del Interior, reconociendo que había elaborado un fichero de decenas de periodistas para conocer exactamente su filiación política, se les colocaba una foto, y a partir de aquí vaya usted a saber qué más se puede haber hecho, ya que por en medio hay policías, guardias civiles y todo el aparato de un ministerio; es de una enorme gravedad. Desconozco la materia judicial que puede haber por delante y algún precedente que se ha señalado como comparable es también igual de miserable, aunque el momento era diferente y la protección de datos como tal ni existía. Porque hay una pregunta que no se puede obviar: ¿Para conocer qué, se dice en los medios sobre el ministerio, era necesario apuntar y clasificar, en una especie de nota en clave a pie de página, que el periodista era de derechas, apoyaba al Gobierno o era antisanchista? Obviamente, la respuesta es fácil, ¿no?
Entonces, lo que se hacía era una especie de lista negra con un marcado perfil ideológico. El hecho de que Marlaska lo haya defendido no le involucra judicialmente, pero sí políticamente. ¿Cómo puede decir que es un documento interno de trabajo? ¿A eso se dedican en su ministerio? ¿A malgastar dinero público investigando a periodistas? La segunda explicación también cae por su propio peso. También servía para conocer qué se dice de la actuación y de la actividad de su ministerio. Para eso no hace falta fichar a directores y a periodistas que se dedican a otras áreas de información, como economía, así como directivos y columnistas que no cubrían habitualmente seguridad o Interior. Y la tercera explicación es su afirmación de que no tenía ninguna finalidad espuria y que Interior no discrimina a periodistas o medios al facilitar información. Eso lo dirán, en todo caso, los tribunales a partir de las denuncias individuales o colectivas de las asociaciones de periodistas que se presenten. Pero, dicho eso, sorprende que un ministro, que además es juez en excedencia, pueda llegar a decir sin recato que existía el fichero, pero se hizo sin mala intención.
Es muy probable que en cualquier otro país de nuestro entorno, a estas horas, el ministro —que ha quedado sin defensa posible alguna— ya hubiera dimitido. No lo sabremos nunca, porque nunca ha pasado
Hay que ser muy torpe o muy soberbio para decir lo que ha dicho. Y deberá empezar a pensar en una defensa jurídica más sólida, ya que, tratándose de datos ideológicos especialmente protegidos, no basta con afirmar que no había una intención espuria. Interior debe demostrar qué base legal permitía recopilarlos y por qué era necesario hacerlo. Ahí es donde Marlaska todavía no ha dado ninguna explicación convincente. También es importante el momento escogido, finales de 2023, inicio de una nueva legislatura con el apoyo, por parte catalana, de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana. Espero y confío en que los dos partidos sabrán estar a la altura de un tema tan grave. Habría habido dos reuniones. En la primera, participaron unas quince personas entre trabajadores de la Oficina de Comunicación, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad destinados en el equipo de prensa y personal dedicado al seguimiento diario de tertulias de radio y televisión. Se sabe que algunos de los asistentes se opusieron al fichero, advirtieron que podía ser inconstitucional y se negaron a participar. Interior ha confirmado que se permitió abstenerse a quienes no estuvieran cómodos. Una segunda reunión sirvió para perfeccionar las fichas, incorporar las fotografías y ordenar que el documento no trascendiera.
Como que aquí nadie se chupa el dedo, hay aquí también una cuestión que tiene que ver con los ingresos de los medios, ya que la Oficina de Comunicación que lo confeccionó, además de las relaciones informativas, también gestiona la publicidad institucional con los medios. O sea, primero se elabora un fichero institucional de perfil ideológico de periodistas, de legalidad muy cuestionable y potencialmente incompatible con la neutralidad de la administración. Y cuando se tiene, desde el ministerio se distribuye la publicidad institucional bajo unas pautas opacas y desconocidas. Es muy probable que en cualquier otro país de nuestro entorno, a estas horas, el ministro —que ha quedado sin defensa posible alguna— ya hubiera dimitido. No lo sabremos nunca, porque nunca ha pasado. Pero es fácil concluir qué piensa Marlaska: mira hacia un lado y otro y ve que la norma de la casa es seguir y seguir, importando poco los casos judiciales que les involucran. Y es que, al final, ¿por qué no aguantar la vergüenza antes que irse a casa?