No recuerdo que en los últimos años se haya producido una situación de tanto consenso en Catalunya como es la oposición a la Opa hostil lanzada por el BBVA al Sabadell. Sobre ella han hablado ya todos los sectores empresariales, económicos, sindicales, los partidos políticos y el Govern. Faltaba el Parlament de Catalunya, que lo hizo este jueves, y solo los 11 diputados de Vox votaron en contra de una iniciativa legislativa que instaba al Govern de la Generalitat a activar todas las acciones políticas institucionales y legales necesarias ante el gobierno español para expresar de manera contundente e inequívoca el rechazo de la Generalitat de Catalunya a la Opa del BBVA sobre el Banc Sabadell. En el sí estuvieron PSC, Junts, Esquerra, los comunes, Aliança Catalana y un diputado de la CUP, y en la abstención los 15 del PP y los otros dos de la CUP.

Que de 135 parlamentarios solo se opongan los 11 de la extrema derecha (solo el 8,15% de la Cámara en contra) refleja bien a las claras la posición catalana. El momento escogido tampoco es casual: el 27 de junio finaliza el plazo para el pronunciamiento del gobierno español, después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decidiera elevar al Consejo de Ministros el asunto para que se pronunciaran los ministerios afectados. Hasta la fecha, cinco lo han hecho en público: Seguridad Social, Derechos Sociales, Industria, Transición Ecológica y Trabajo, con la vicepresidenta Yolanda Díaz al frente. A esos ministerios habría que añadir el de Economía, ya que Cuerpo siempre ha expresado su malestar por la situación creada por el BBVA. Evidentemente, no son pocos ministerios, ya que acaban estando todos los económicos afectados.

El informe de Competencia Catalana ha dejado establecido con claridad meridiana que esta operación haría mucho daño en Catalunya

El informe de Competencia Catalana —diferente al de la CNMC español— ha dejado establecido con claridad meridiana que esta operación haría mucho daño en Catalunya y tras la operación se produciría una situación de duopolio, con los dos principales bancos, Caixabank y la entidad resultante, con una cuota superior al 74% en número de oficinas. Hay un dato también preocupante: el nivel de concentración en crédito en Catalunya si prosperara la Opa sería superior a la de cualquier país de la Unión Europea con una población similar a la de Catalunya. En cajeros y TPV la operación generaría un duopolio en Catalunya.

A estas alturas, ya nadie duda que la autorización de la Opa y las condiciones no es una cuestión exclusivamente técnica. Hace tiempo que pasó el umbral de una decisión de esta naturaleza para convertirse en una cuestión también política. Entre otras cosas porque no estamos hablando de un ejercicio teórico, sino del impacto territorial que puede acabar teniendo una operación de esta naturaleza. El gobierno español ha avalado este análisis en reiteradas ocasiones y ahora se trata de ponerle el cascabel al gato. No va a ser posible contentar a las dos partes en litigio, eso es evidente. Sí se puede dejar descontentas a las dos. Y no solo a las entidades financieras, sino también a los que se han pronunciado en un sentido u otro. En un cuadro político con mayorías parlamentarias tan complicadas, cualquier brote de conflicto es evidente que tiene consecuencias. Y eso todo el mundo lo sabe.