Cinco días. Ese es el plazo que ha dado el Tribunal Supremo a los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y de Exteriores, José Manuel Albares, para que le envíen los datos sobre los 163.020 afectados por la ley de nietos, bajo riesgo de multa y acciones penales. El Supremo no se limita a reclamar información, también reprocha al Gobierno que no haya entregado una lista que, a juicio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativa, debería conocer perfectamente, porque fue la propia administración quien tramitó las nacionalizaciones. Lo más relevante no son los 1.000 euros de multa, sino la utilización explícita de la posible responsabilidad penal como instrumento de presión sobre dos miembros del Gobierno.
No están los dos ministros imputados por un delito, pero el Supremo apremia al Gobierno de una manera perentoria y le avisa de que no trate de retrasarse con respuestas injustificadas o a medias, ya que tiene mecanismos para hacer cumplir su instrucción. De hecho, Justicia ya entregó unos 76.000 nombres a la Oficina del Censo Electoral el 15 de octubre pasado, procedentes del Registro Civil digitalizado, y es ahora Exteriores quien tiene que recopilar el resto a través de los consulados respectivos, muchos de los cuales, según alega el Gobierno, aún trabajan con expedientes en papel. Bolaños, sin embargo, ha afirmado que cumplirá el plazo del 28 de octubre y que los consulados han recibido instrucciones para acelerar la entrega.
Hay, además, una razón de fondo que explica también el retraso del Gobierno: perder una batalla política sobre la implementación de la ley de nietos y sobre la que están en juego más de 163.000 nuevos votantes
Hay, además, una razón de fondo que explica también el retraso del Gobierno: perder una batalla política sobre la implementación de la ley de nietos y sobre la que están en juego más de 163.000 nuevos votantes. A eso, el Supremo se opone y por eso ha suspendido cautelarmente este derecho, ya que antes quiere comprobar que cumplen los requisitos legales para permitirles votar. A partir de ahí ha habido toda una batalla jurídico-política en la que también ha intervenido el Constitucional, que no ha resuelto el fondo de la controversia, pero sí tiene intención de hacerlo. ¿Cuándo? Pues depende de la premura que imponga su presidente Code Pumpido, ya que podría acabar examinando si ha habido o no vulneración del derecho de voto cuando las elecciones ya se hayan celebrado y el perjuicio sea irreversible.
Sí, el tema de la ley de nietos se le ha emponzoñado al Gobierno en el peor momento. Los socialistas también han recibido otra mala noticia judicial este viernes con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos por no haber entregado a Patrimonio del Estado las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Esa petición de la fiscalía se suma a la imputación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por contrabando y delito fiscal por unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros. Con esta acusación de malversación, la fiscalía pretende colocar un cortafuegos para evitar que el delito quede prescrito. La fiscal María Elena Lorente acepta, en primera instancia, la explicación de que fueron un regalo del rey de Arabia Saudí y señala que, de ser cierta su versión, habría que añadir el delito de malversación, que no estaría prescrito.
Por ahora, el papel de Zapatero en la precampaña está siendo imperceptible, a diferencia de 2023, que fue el motor de la misma y cargó con buena parte del peso que no llevó Pedro Sánchez. En cualquier caso, aunque el presidente del Gobierno defiende la inocencia de su antecesor, Zapatero está prácticamente desaparecido y los socialistas parecen descartarlo como un activo electoral.