Los comités de empresa de Renfe y Adif han acordado convocar cinco jornadas de huelga para los días 24 y 30 de noviembre y el 1, el 4 y el 5 de diciembre como muestra de protesta por el pacto que han suscrito el PSOE y Esquerra Republicana por el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Catalunya. Es una huelga a todas luces desproporcionada y que solo tiene un objetivo: servir de correa de transmisión a los importantes intereses políticos que hay en contra de este traspaso vinculados al Partido Popular y a Vox. Es, además, una huelga preventiva, ya que el acuerdo se enmarca en medio de la investidura del presidente del Gobierno, que aún no se ha producido y tampoco tiene fecha. Mucho menos va a ser, si el traspaso acaba siendo una realidad, algo inmediato y mucho menos rápido.

Es del todo razonable que los sindicatos reclamen información y se ocupen de preservar sus condiciones laborales. Pero no es eso de lo que estamos hablando, ni de lo que están hablando los comités de empresa. Mucho más, cuando el Govern de la Generalitat ha asegurado que garantizarán las condiciones laborales de todos los trabajadores y que se hará un convenio de colaboración entre la Generalitat y Renfe para facilitar la movilidad laboral. Desde el gobierno español, que es el actual titular a través de las respectivas empresas de Renfe y Adif se ha defendido que se trata de un acuerdo político que no aborda aspectos técnicos sobre cómo se llevaría a cabo el traspaso de competencias.

Es una huelga a todas luces desproporcionada y que solo tiene un objetivo: servir de correa de transmisión a los importantes intereses políticos que hay en contra de este traspaso vinculados al Partido Popular y a Vox

No es la primera vez que se plantea con carácter preventivo una situación como la presente y se genera innecesariamente una situación que en modo alguno responde a la preocupación que sibilinamente los partidos políticos de la derecha tratan de generar. No hay motivo alguno para que se expanda el miedo entre los trabajadores, ni tampoco para que salgan perjudicados. Es del todo normal que la Generalitat reclame el traspaso y que en el marco de la negociación política el gobierno de España acabe haciendo una transacción para mantenerse en el poder. De eso va la política y la labor de los sindicatos es estar atentos y vigilar. Pero también ser responsables, y no parece que plantear cinco días de huelga con el consiguiente perjuicio a los pasajeros sea una medida inteligente y muy pensada.

Desde el Departament de Territori, se ha dicho por activa y por pasiva que se recogerá el respeto a los derechos laborales adquiridos para los trabajadores y el Govern se ha comprometido con las organizaciones sindicales a explicar cómo se realizará el traspaso y que la gestión seguirá siendo 100% pública. Es lo que debe ser. Es evidente que el traspaso por sí solo no arreglará la situación de Rodalies, los problemas que se vienen produciendo y la percepción ciudadana. Hace falta dinero, mucho dinero y, aunque no se diga, tiempo, porque no se podrá hacer de la noche a la mañana. Cuando los sindicatos dicen que el traspaso no resuelve el problema, tienen razón. Pero esta opinión que ahora expresan durante mucho tiempo no se les ha escuchado y menos con esta contundencia. Tengan todas las partes un poco de paciencia, porque esto no ha hecho más que empezar. Y lo mejor sería, para empezar, desconvocar las jornadas de huelga e informarse sin la presión que esa situación supone.