Aunque el revolcón del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de la Generalitat a los acuerdos entre el Govern y los Comuns que prohibían la compra especulativa de vivienda es muy importante, su resultado final hay que relativizarlo. Sobre todo, porque no hay que ser un experto en leyes para saber que la proposición de ley, presentada el pasado mes de febrero, con el redactado que tenía, iba a acabar en el baúl de los recuerdos porque era flagrante la vulneración de varios derechos. Pero como que aquí nadie es tonto, el objetivo final no era su aprobación, sino superar el trámite presupuestario con un acuerdo en materia de vivienda de verdadera envergadura. En definitiva, impactar durante unos días en un problema relevante de la sociedad catalana y que justificara, con esta medida estrella, dar el plácet a los Comuns del presupuesto de la Generalitat.
El dictamen de 106 páginas emitido este martes por el TGE es muy contundente en sus conclusiones y lo que acaba haciendo es un rechazo prácticamente integral de la proposición de ley. Podría hacer, como en otras ocasiones, una crítica meramente técnica y dejar abierta la posibilidad a que se pudieran introducir enmiendas, pero va mucho más allá y, además, lo hace por unanimidad de sus miembros. Sin ninguna discrepancia en una cuestión tan controvertida. En resumen, concluye que la Generalitat no tiene competencias para imponer limitaciones que alteren el régimen jurídico de la compraventa y de la propiedad privada. Invade así competencias exclusivas del Estado y no es acorde a la Constitución.
Según el dictamen, todo el armazón de la proposición de ley vulnera las competencias del Estado
También vulnera el derecho a la propiedad privada, ya que no se puede obligar al comprador a destinar la vivienda únicamente a residencia habitual o a alquiler habitual, ya que supone una restricción desproporcionada del contenido esencial del derecho de propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución. También entiende el CGE que vulnera la libertad de empresa, ya que la proposición acordada entre el Govern y los Comuns parte de un precepto erróneo: la prohibición de usos económicos de la vivienda salvo los expresamente autorizados. Para este organismo, cuyos dictámenes no son vinculantes aunque preserva el cumplimiento de la ley, el acuerdo político alcanzado entre las izquierdas en el Parlament constituye una limitación no razonable y excesiva de la libertad de empresa.
Lo último que enmienda el Consell de Garanties es cómo se ha procedido a su tramitación parlamentaria, por el procedimiento de lectura única, pensado para textos mucho más simples, lo que conllevó que se redujera el debate parlamentario. El revolcón es de tal naturaleza que, al considerar este organismo que es contraria a la Constitución y al Estatut, entiende que resulta innecesario desarrollarlo mucho más. Hay una frase que lo viene a resumir todo y que de manera más o menos textual dice lo siguiente: Todo el armazón de la proposición de ley vulnera las competencias del Estado. Se puede decir más alto, pero no más claro; se hizo una proposición de ley para superar un problema puntual, pero no iba a tener recorrido alguno.
Ahora, se iniciará una renegociación de la ley entre el Govern y los Comuns y lo mejor que se podría hacer sería partir de unas bases diferentes, menos maximalistas y más consensuadas, a poder ser con el sector.