El hecho de que los presupuestos generales del Estado se conviertan siempre en una cadena de incumplimientos en Catalunya no debe ser obstáculo para destacar lo obvio: las cuentas públicas presentadas por el gobierno de Pedro Sánchez para el 2023 tampoco se ajustarán a lo establecido en la disposición adicional tercera del Estatut, y la inversión no será un porcentaje equivalente a la aportación catalana al producto interior bruto del Estado español. Por arte de magia, allí donde debería ser del 19%, según el último dato disponible, pasa a ser del 17,2%, y los 2.549 millones de euros pasan a ser 2.308 millones. El primer tijeretazo de algo establecido en el Estatut, ya le supone a las arcas de la Generalitat 241 millones que se han quedado por el camino entre Madrid y Barcelona, lo que en la práctica acabará siendo que se quedan en la capital de España.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presentar las cuentas públicas distó mucho de sonrojarse y se vanaglorió de que el Gobierno cumplía con Catalunya. Curiosa manera de cumplir esta de los socialistas españoles, basada siempre en el incumplimiento pero diciendo que cumplen. Así debe ser muy fácil hacer política cuando convierte en verdad lo que es una mentira flagrante y así hasta la próxima. Lo cierto es que pasan los ministros del PSOE y del PP, y la disposición adicional tercera del Estatut se la pasan indistintamente por el forro. Solo un año, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a cumplirse.

Mal empieza, por tanto, su tramitación en el Congreso de los Diputados. Porque después de la primera poda de los ingresos de Catalunya, que siempre es la más delicada, ya que queda a la vista de la opinión pública, viene la segunda y más dura, que no es otra que el incumplimiento de las inversiones por la vía de la no ejecución de los presupuestos del Estado. Aquí, los ministros son unos auténticos magos, ya que consiguen año a año que en Catalunya se ejecute menos del 65% del presupuesto y, en cambio, en Madrid quede muy por encima del 100% de lo presupuestado. Con los últimos datos disponibles, el 113,9% de ejecución es algo que incluso cuesta de explicar y todo el mundo lo encuentra normal en Madrid.

Es normal que Hacienda prevea una negociación compleja de los presupuestos con sus socios parlamentarios, aunque también es verdad que en la recta final de la legislatura española la prórroga de las cuentas públicas tampoco sería un drama. Veremos cómo funciona la triangulación negociadora Congreso, Parlament, Ayuntamiento de Barcelona en unos momentos en que la inestabilidad política en Catalunya es alta y los incentivos políticos escasos con las municipales a la vuelta de la esquina. De boquilla todo el mundo quiere pactos pero, en la práctica, todo el mundo está esperando que su rival se estrelle. El bien común, si alguna vez existió, está cerrado a cal y canto en un armario.