La respuesta del gobierno español al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, comunicándole que no desclasificará documentos relacionados con el caso Pegasus es una manera de intentar dar carpetazo a un caso enormemente delicado. El hecho de que la respuesta afecte a la parte menos sustantiva de toda la intervención ilegal realizada con el software israelí, la que se refiere a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y que se desconoce si detrás estaban servicios secretos marroquís o, incluso, alguna ramificación de los servicios secretos españoles es, en esencia, irrelevante. Lo importante, a futuro, es la respuesta al juez: no hay ningún secreto a revelar.

Es evidente que el gobierno español está tratando de armar un corpus legislativo —ley de secretos oficiales—, político —no se ha investigado a nadie— e institucional —respetamos las leyes vigentes— con el principal objetivo de agotar la legislatura y, con ello, mirar de sacar adelante los proyectos de ley pendientes, empezando por los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez para empezar no ha dado explicaciones de por qué el CNI tenía pinchado el teléfono del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en plenas negociaciones políticas para facilitar la investidura del candidato socialista. Ni que decir tiene que del resto de espiados ilegalmente, y que el gobierno español se ha desentendido de su realización, la información es inexistente.

No deja de ser sorprendente —si uno no es un malpensado— cómo se ha pasado página con tanta rapidez de un asunto capital que, entre otras muchas cosas, afecta a la confianza entre gobiernos y formaciones políticas. Es evidente que la pieza política cobrada, la directora del CNI, es caza menor al lado de la exigencia de dimisión de la ministra de Defensa que planteó el president catalán. Como es de una enorme ingenuidad pensar que la opinión pública catalana, después de las actuaciones en contra del independentismo que ha visto por parte del gobierno español, va a aceptar que es suficiente para pasar página un compromiso de que no va a suceder otra vez.

Al contrario, ante tan incrédula explicación, lo que uno tiende es a buscar en otros sitios una justificación más aceptable. Pero lo más importante de la respuesta de la Moncloa es el mensaje de que nos vayamos olvidando de saber lo que ha pasado en muchos años. El juez tendrá bastante, seguramente, con las explicaciones dadas y no parece que vaya a tener un recorrido judicial importante. La ley de Secretos Oficiales que prepara el gobierno español hará el resto, ya que se fija hasta un máximo de 60 años para desclasificar material comprometido para el Estado. Mucho tiempo falta para ello y es evidente que para el 2082 de rabiosa actualidad no parece que vaya a ser.

La rabieta que pueda tener Unidas Podemos tendrá un recorrido limitado, porque ya se sabe que en estas cuestiones la mayoría parlamentaria es suficientemente amplia si es necesario: PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. Muchos diputados para que la verdad no se sepa. O que se sepa tan tarde que solo interese a los historiadores.