El auténtico caos que se vive desde hace cuatro días en la red de Rodalies, con graves afectaciones a cientos de miles de personas y con el consiguiente impacto económico, ha vuelto a poner de manifiesto el enorme deterioro de una infraestructura básica para la movilidad en la conurbación metropolitana de Barcelona. Hace años que el Govern y numerosas instituciones, lo mismo que organizaciones empresariales, sindicatos, colegios profesionales y un largo etcétera se han pronunciado a favor de una transferencia a la Generalitat del servicio ferroviario que no acaba de llegar y a la que el gobierno del Estado ha puesto todos los palos en las ruedas que ha podido. Tanto con los gobiernos de Felipe González, como con los sucesivos presidentes, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

Tres décadas de reivindicación de eso que a los españolistas les gusta denominar con reiteración "cosas que afectan a la gente". Porque el mantra de que los independentistas solo tienen un monotema, el de la independencia de Catalunya, cae por su propio peso ante situaciones que suponen un auténtico agravio para los catalanes. Ya me gustaría a mí ver a todos los partidos unionistas detrás de la carta que ha enviado este martes el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que le dice sin ambages que "desde el gobierno catalán reclamamos asumir la gestión de este servicio, primordial para nuestro país" para poder disponer de un servicio ferroviario de Rodalies "regular, puntual, seguro y fiable".

¿Hay algún partido catalán que esté en contra de este enunciado? Porque mucho me temo que los ciudadanos que padecen estos días los interminables retrasos, la falta de información y el caos más absoluto están absolutamente de acuerdo, voten lo que voten. Foment del Treball ha cifrado entre 200 y 250 millones de euros diarios lo que cuesta a los catalanes la huelga de maquinistas en Rodalies  y ha pedido a los partidos independentistas, que tienen la llave de los próximos presupuestos generales del Estado, que la utilicen para forzar el traspaso ferroviario. Es de suponer que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que hoy dirige Raquel Sánchez, hasta hace cuatro días alcaldesa de Gavà, una de las ciudades que se ven afectadas directamente, remará a favor de la solución y no será parte del problema.

Una última reflexión: la oposición al traspaso a la Generalitat del Sindicato Español de Maquinistas y Ajudantes Ferroviarios (SEMAF), que representa el 85% de los profesionales, es un chantaje a todas luces inaceptable. Su argumento de que la Generalitat no es capaz de asumir toda la gestión de esta competencia es un auténtico dislate y el Ministerio lo sabe. Hay que hacer la transferencia de recursos adecuada al enorme déficit que padece el servicio, traspasarlo a la Generalitat en el menor tiempo posible y que no se preocupen los maquinistas. Los usuarios catalanes saben, de sobra, cómo funciona Rodalies y cómo Ferrocarrils de la Generalitat. Y, sinceramente, no hay color.