La decisión largamente esperada de que el Tribunal Constitucional rechazara el último recurso de alguno de los presos políticos y pudiera iniciarse así el camino para llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llegado. El Constitucional ha esperado un año para resolver el expediente, pero Jordi Turull ya puede elevar a la justicia europea la revisión de su desproporcionada condena a 12 años de prisión por sedición y malversación. Era un formalismo imprescindible que el TC avalara la sentencia del Tribunal Supremo y lo ha hecho con dos votos en contra del magistrado Juan Antonio Xiol y de la magistrada María Luisa Balaguer, pertenecientes ambos al sector autodenominado progresista de la magistratura; otros siete miembros del Constitucional han avalado la ponencia del conservador Pedro González-Trevijano, aunque vale la pena reseñar esta división en el tribunal en una cuestión en que el estado español siempre ha apostado por que las cuestiones relacionadas con el procés que lleguen a Europa tengan la unanimidad.

El camino de Turull en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el que seguirán el resto de presos políticos a medida que el Tribunal Constitucional vaya rechazando todos y cada uno de los recursos que han presentado contra su condena, no será ni mucho menos corto. La historia reciente demuestra que la batalla judicial europea se puede llegar a ganar, ya que España ha sufrido considerables revolcones en una plaza en que los tribunales españoles, desde el Supremo al Constitucional o la Audiencia Nacional, tienen muy poco a decir. Esa ha sido desde el principio la verdadera batalla en la que han puesto todas sus esperanzas los nueve presos políticos encarcelados en Lledoners, Puig de les Basses y Wad-Ras y una vez se comprobó, como se temían, que el juicio del Tribunal Supremo no acabaría emitiendo un fallo justo como han denunciado numerosos organismos internacionales.

La situación jurídica de los exiliados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí en países tan diferentes en los que se han visto aspectos de su caso, en diferentes momentos, como Alemania, Bélgica o Reino Unido, o incluso cuestiones que han llegado a la justicia europea, refuerzan su confianza en que la justicia que no han tenido en Madrid la acabarán teniendo en Bruselas. Por no hablar del revolcón que ya tuvo la justicia española con la libertad total que le concedió el Tribunal de Bruselas al conseller Lluís Puig, descartándose la extradición, y en un caso que ya está absolutamente archivado en contra de lo que quería el Supremo. Al final, siempre ha sido esta la batalla del independentismo, desde que fueron detenidos y conocieron de primera mano que su estancia en prisión sería larga y la condena desproporcionadamente injusta y cruel.

Los presos políticos aceptaron este envite y así lo han expresado reiteradamente. Lejos de conformarse con la sentencia y de buscar una redención, han planteado dos batallas: la amnistía de los presos políticos y exiliados y llegar a la justicia europea lo antes posible. Por contra, el Supremo y el Constitucional han hecho el camino inverso: demorar al máximo todos sus actos para que los presos llegaran a Bruselas lo más tarde posible. Pero ya no ha sido posible durante más tiempo y ahora se inicia un juego radicalmente nuevo.