Ha sido marcharse Pedro Sánchez de vuelta a Madrid y que se publicaran las informaciones sobre la mesa del diálogo, que aquel punto de tensión y crispación entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya de la víspera parece haber caído en picado y todo son apelaciones a recomponer puentes y a superar el episodio. El Govern intenta de nuevo ser una barca estable alejada de la confrontación entre los dos partidos que lo integran, conscientes seguramente ambos de que en la política catalana las crisis duran unas pocas horas, si no estamos hablando de otra cosa, la ruptura, lo que, hoy por hoy, no está encima de la mesa.

Pere Aragonès y Jordi Puigneró, president y vicepresident, que no tienen mala relación, iniciaron formalmente el deshielo en la mañana de este jueves con la voluntad de que en la reunión del Ejecutivo catalán del próximo martes queden los mínimos rastros posibles del desencuentro. Reconozco que no es tarea fácil, pero las discrepancias entre los partidos independentistas sobre la mesa de diálogo no deberían afectar a la gestión del Govern. Es una línea muy fina ya que la contaminación es fácil pero por ello, entre otras cosas, a principios de septiembre ya defendí desde este espacio una mesa más política, mucho más amplia que lo que son los dos partidos del Ejecutivo catalán y sin miembros del Govern más allá de algo tan obvio como la presencia del president Aragonès. Con este planteamiento, mucho más práctico y realista ante la amalgama que es hoy el movimiento independentista, la reciente crisis no habría existido.

La pena de todo ello es que Sánchez se ha paseado como Pedro por su casa en su visita a Barcelona. Incluso se ha ido de rositas en el tema de la retirada de la inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto del Prat. Una obra de envergadura suficiente y de complicaciones medioambientales tan importantes que no puede zanjarse con un lo tomas o lo dejas propio de un colonialismo inaceptable. Sobre todo si quien trata de forzar tu decisión es el actual responsable político del expolio de más de 16.000 millones anuales que padece Catalunya desde hace décadas y que resolvería un pacto fiscal en forma de concierto económico.

Pero lejos de todo ello, la ministra de Transportes, la ex alcaldesa de Gavà Raquel Sánchez, ha cerrado cualquier posibilidad a que la inversión de 1.700 millones esté en el plan quinquenal del gobierno español que se aprobará a finales de este mes de septiembre. No deja de resultar paradójico que quien propone como única solución al conflicto territorial entre Catalunya y España potenciar la vía de las inversiones en infraestructuras retire los millones de encima de la mesa y traspase la responsabilidad al que los ha perdido. A las primeras de cambio y sin negociación alguna. Y todo ello sin sonrojarse.