Una semana después de que estallara el escándalo que sitúa a Juan Carlos I en el epicentro de un caso de corrupción tras la publicación de una cuenta suya en Suiza con 100 millones de dólares, de los que un total de 65 habrían ido a parar a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la principal noticia sigue siendo que no hay ninguna noticia sobre el particular en los medios escritos de referencia. Como en la época de la censura, uno tiene que buscar fuera de la prensa de papel de referencia cualquier información o leer medios extranjeros, como Le Monde, The Guardian, Telegraph, Frankfurter, por citar unos cuantos, que sí vienen recogiendo ampliamente las informaciones que se van conociendo.

Alguna prensa digital, alguna radio y, en mucho menor medida, la televisión hemos informado de un suceso que no se le puede escatimar a la sociedad, ya que afecta a quien ha ostentado la jefatura del Estado desde noviembre de 1975 hasta su abdicación en junio de 2014. Es obvio que hay un deseo de la mayor opacidad posible, lo que explica que sea la justicia suiza la que haya abierto el melón y haya tenido que reclamar información a la Audiencia Nacional.

Es tal el temor del régimen a lo que se pueda llegar a conocer que el diario El Mundo llamaba este sábado a cerrar filas con la Corona española con un editorial que llevaba por título "La Corona no está en cuestión" y señalaba directamente a los independentistas catalanes como responsables de lo que consideran una persecución de la monarquía española. También exigía un silencio mediático absoluto hasta que la justicia no emita una resolución.

No deja de ser chocante que pidan un silencio mediático los que han sido pioneros de campañas de desinformación y absolutamente falsas sobre el independentismo catalán y sobre tantos otros personajes públicos. Es más, que un medio de comunicación pida un silencio mediático está justo en las antípodas de cual es su función social. Lo mismo vale para las comisiones de investigación que han sido pedidas en el Congreso de los Diputados y que la mayoría de PSOE y PP, con el apoyo de Vox y Ciudadanos, han rechazado. No es esa la mejor manera de que los representantes públicos cumplan con su función parlamentaria y apliquen la máxima de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ninguno está por encima de ella.

En este caso, además, porque al no haber una causa judicial abierta en España contra Juan Carlos I ―sí la hay en tres países, con grave riesgo para su fortuna― no puede alegarse ninguna interferencia y una comisión de investigación parlamentaria podría aclarar el origen de su patrimonio.