La detención en su domicilio de la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, la declaración ante el juez y la puesta en libertad después de casi cinco horas, por haberse negado, en dos ocasiones, a presentarse en sede judicial tras haber colgado una bandera estelada en la fachada del Ayuntamiento, marca un punto de inflexión en la actuación -desmesurada- de la Justicia en todo el proceso independentista. El número de cargos públicos imputados en Catalunya es muy alto como para pensar que nunca iba a suceder. Ha pasado una primera vez y, sin duda, se producirán más órdenes judiciales en la misma dirección, y al cuerpo de Mossos d'Esquadra, como una de las policías judiciales, se le volverá a pedir que lleve a cabo nuevas detenciones. No estamos, por tanto, ante un hecho aislado e irrepetible, una vez el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado en sede parlamentaria que en Catalunya se realizará un referéndum de independencia sí o sí, a lo más tardar, en septiembre del próximo año.

Incluso, es posible que, pese al disparate que ello supone, el cargo electo no sea puesto inmediatamente en libertad, sino que ingrese en prisión. Todo eso, forma parte de lo previsible. En Berga, por suerte, en esta ocasión no ha pasado y se ha evitado así dejar más constancia de la necesaria no solo de la desunión de los diferentes actores independentistas sino también de la ausencia de una estrategia concertada con anterioridad. En este ejercicio, no teórico sino real, que ha sido la jornada de este viernes faltó una respuesta política conjunta y se echó en falta un marco jurídico propio. También faltó una respuesta política del Govern que, obviamente, no puede dar el conseller d'Interior, que cuando sale por televisión parece encontrarse más cómodo en un papel de comisario jefe que de responsable político del Departament.

Por todo ello, Berga era una emboscada desde el primer momento. Incluso el auto del juez de Berga Albert Ejarque dejaba a los Mossos una enorme manga ancha a la hora de conducirla ante el juzgado. Sin duda, la suficiente, para que ni Venturós ni ningún dirigente de la CUP hubiera podido criticar las formas -hora, lugar, etc- en que se llevaba a cabo la detención si las cosas se hubieran hecho bien. El Govern y el Parlament, como primeras y principales instituciones de Catalunya, deben situarse al frente de manera colegiada, pública y solidaria ante la detención de cargos electos, que más que un acto de desacato a la ley llevan a cabo una acción de insumisión ante una decisión injusta. Es posible que la barrera entre un acto ilegal y un acto de insumisión sea en términos jurídicos muy estrecha. No lo es en términos políticos y de derechos civiles. Pero solo se conseguirá convencer a la ciudadanía desde una explicación clara y una respuesta nítida. La detención de la alcaldesa de Berga y la cada vez más evidente judicialización de la política ha puesto de manifiesto que al independentismo catalán aún tiene muchos deberes por hacer.