Pedro Sánchez ha ofrecido su primera entrevista como presidente del Gobierno desde el Palacio de la Moncloa y en TVE. Y ha tenido una pobre audiencia en Catalunya, ligeramente por encima del 10%. Muy lejos, por ejemplo, de la última entrevista del president Puigdemont en TV3, que alcanzó casi el 30% del share y del 20% del president Torra en su primera aparición en la cadena pública de Catalunya. ¿Balance? Formas muy diferentes de las encorsetadas con Rajoy, preguntas y respuestas cortas, un simple flash sobre la situación en Catalunya y una medida frase sobre los presos políticos catalanes señalando que "considera razonable" el acercamiento a prisiones catalanas. En resumen, ninguna iniciativa política de calado si no es el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, donde hace años que no deberían estar.

Lo cierto es que Sánchez sí que mandó un gran mensaje: quiere agotar la legislatura. ¡Qué caray! Sin ningún apoyo político decidido fuera del perímetro socialista pero la Moncloa debe ser el trampolín que rescate electoralmente al Partido Socialista y que consolide los avances demoscópicos que ya se han podido apreciar después de los primeros días de gobierno. ¿Y el conflicto catalán? Si la estrategia de Rajoy era no a todo, incluso al diálogo, aquí se aventuran algunas escenas de sofá pero antes se está definiendo el marco político con el que se recibirá al president catalán. En primer lugar, la ordinalidad: Quim Torra acudirá a la Moncloa en el correspondiente orden de aprobación de los estatutos de autonomía, o sea, tras el lehendakari, Iñigo Urkullu, y delante del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

En segundo lugar, no se va a hablar de financiación autonómica. En los dos años que quedan de legislatura, esta carpeta no se va a abrir pese a que por ley tendría que haberse reformado el sistema en 2014, que es cuando caducó. Obviamente, el pacto fiscal también queda fuera, ya que este sistema (conciertos) es exclusivo del País Vasco y Navarra. Del tema de los presos, dice que considera "razonable" su acercamiento a prisiones catalanas. Dicho así, incluso suena ofensivo. No es que sea razonable, es que así lo dice la ley una vez acabada la instrucción, cosa que hará el juez Llarena en un plazo muy breve. Una declaración política hubiera sido que hubiera dicho que consideraba razonable la puesta en libertad hasta el juicio. Lo demás, que no enrede: es una declaración administrativa de un cargo intermedio.

Sin hablar de referéndum, sin hablar de pacto fiscal y sin la libertad de los presos políticos catalanes se podrá hablar de todo lo demás. Bueno, de todo, tampoco. Porque las leyes impugnadas por el gobierno español ante el Tribunal Constitucional siguen allí y el nuevo gobierno español no ha retirado los recursos. Eso sí, la ministra Meritxell Batet dice que es el momento de asumir riesgos. Y estoy de acuerdo. Aunque no consigo ver qué riesgo quiere asumir el Estado para desencallar el conflicto catalán.