Cuando se elabore el dossier completo de los organismos, instituciones o asociaciones internacionales que han puesto el grito en el cielo contra el gobierno español o contra el Tribunal Supremo por la condena a los políticos independentistas catalanes, y de una manera muy especial por los nueve años de prisión a los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, se podrá ver la verdadera dimensión del atropello que se ha producido y que, como sucede con otras cosas, el día a día y la falsa normalidad nos impide abordar en toda su profundidad. El último eslabón de la cadena que acaba de pronunciarse es la Organización Mundial Contra la Tortura  (OMCT), creada en 1985 y con sede en Ginebra, y cuyo secretario general, Gerald Staberock, ha reclamado la anulación de las condenas de los Jordis  por ser desproporcionadas  y que se suspenda su ejecución hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la apelación y la reformulación del delito de sedición. 

Cuarenta días faltan para que Cuixart y Sànchez cumplan mil días privados de libertad. Desde hace unos meses, la Junta de Régimen Penitenciario de Lledoners les ha concedido el 100.2 y les ha autorizado, junto al resto de presos políticos, a salir del recinto carcelario para salir a trabajar. No es ni mucho menos el tercer grado en lo que respecta a dormir en prisión, permisos o la antesala de la libertad condicional pero les ha permitido a todos los condenados una situación diferente ya que han podido incorporar la rutina de salir a trabajar algunas horas fuera de la prisión entre el lunes y el viernes. Pese a lo restrictivo que es este régimen, la Fiscalía no ha dejado de recurrir una a una todas las concesiones del 100.2, hasta la fecha sin resultado ya que el Juzgado de Vigilancia Penitenciario ha ido rechazando todos los escritos y, en algún caso, con estirón de orejas incluido.

El hecho de que ahora la OMCT, que es la mayor coalición de organizaciones no gubernamentales -agrupa a 311 organizaciones distribuidas en todo el mundo- que lucha contra las detenciones arbitrarias, la tortura, las ejecuciones sumarias y arbitrarias, las desapariciones forzadas y otras formas de violencia, exija que se anule la condena del Supremo y que no persiga libertades es un paso más en la mancha de aceite que ha supuesto el deterioro más grave de la imagen de España en el extranjero. La Organización Mundial Contra la Tortura está considerada la red activa de organizaciones no gubernamentales más extensa en el campo de la protección y los derechos humanos en el mundo y sigue un camino que antes ya marcó, por ejemplo, Amnistía Internacional.

España ha sacrificado en la lucha contra el independentismo catalán muchas cosas, algunas de la cuales o no las recuperará nunca o tardará mucho años en hacerlo. Esto, ya lo sabemos, interesa poco, por no decir muy poco, fuera de Catalunya. El Estado español ha asumido, casi sin inmutarse, el peaje a pagar en aras a la unidad de España. Incluso ahora estamos viendo como el coronel de los Cobos es cesado por una cuestión muy menor como jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil y salió entre elogios de Catalunya después de la desproporcionada acción policial con motivo del referéndum del 1 de octubre. Dice el ministro Marlaska y la cúpula de Interior que han perdido la confianza cuando la pregunta debería ser otra: ¿como es posible que confiaran en él?