El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha tenido que renunciar precipitadamente a su cargo a última hora de este lunes, tan solo unas horas después de que se hubiera conocido que, cuando menos, había habido ocultación y mala praxis del Departament en un caso de acoso sexual que afecta directamente a su jefe de gabinete, que cesó el pasado mes de enero. La bola de nieve informativa a raíz de la noticia publicada en el diario Ara ha cortado de raíz la carrera política de Bosch -iniciada en 2011 en el ayuntamiento de Barcelona- en un auténtico via crucis que, quizás, no ha hecho nada más que empezar. El ya exconseller ha encontrado un gran vacío entre los miembros del Govern, empezando por el president Quim Torra, quien le pidió explicaciones y le enseñó la puerta de salida, y también de sus compañeros de partido, muchos de ellos desconocedores de la gravedad de los hechos, desde el mismo momento en que se conoció la noticia, que cayó como un auténtico mazazo en las filas del ejecutivo independentista y de las dos formaciones políticas que lo apoyan.

Hay informaciones imposibles de gestionar mediáticamente y, por suerte para la comunidad que cada vez está más sensibilizada ante este tipo de cuestiones, esta es una de ellas. No hay una dimisión honorable y tampoco un paso al lado; en casos tan inaceptables como este, hay tan solo una dimisión a secas, por utilizar una palabra suave ya que, en realidad, estamos hablando de un cese encubierto, dado que Bosch no ha tenido margen alguno. Entre otras cosas, era inasumible políticamente manifestarse el día antes por las calles de Barcelona defendiendo los derechos de la mujer y mirar hacia otro lado en un caso como este que afectaba directamente a un miembro del gobierno catalán. Las administraciones públicas han de llevar la iniciativa y actuar de manera inflexible ante la alarma social que generan los casos de acoso sexual, convertidos en una auténtica lacra social de nuestros tiempos, y han de ser permanentemente exigentes sin bajar la guardia en ningún momento.

El Govern ha reaccionado rápido aunque no lo ha hecho hasta que la noticia ha trascendido a la opinión pública. Este tipo de denuncias resultan tan insoportables para cualquier formación política que no existía vía de escape posible. Lo vimos hace unos días en el ayuntamiento de Argentona y lo hemos vuelto a comprobar hoy: ya no hay espacio para la impunidad ante estas situaciones. Esta es la única buena noticia de estos episodios absolutamente inaceptables.

Las mujeres que padecen estas situaciones tienen que tener la seguridad de que los protocolos de las administraciones públicas que con tanto bombo y platillo son presentados ante la opinión pública, no son papel mojado. Que están hechos para protegerlas en cualquier circunstancia, mucho más si por en medio hay personas de gran relevancia pública y con capacidad para tapar el problema y que se activarán de manera inmediata. Que no habrá atajos, ni componendas para evitar su aplicación hasta las últimas consecuencias. Es la única garantía de que el pasar de la teoría a la acción no sea una quimera y de que las administraciones públicas sean auténticamente ejemplares para evitar en la medida de lo posible que vuelva a suceder.