El movimiento de los perdedores en la Cambra de Comerç tan solo unas horas antes de que se constituya el plenario y se hagan cargo de la institución los ganadores, con Joan Canadell a la cabeza, es un auténtico golpe de mano para impedir la llegada del triunfante movimiento independentista agrupado alrededor de la lista de Eines de país. No hay razones objetivas para las acciones legales emprendidas por el financiero Carles Tusquets y el abogado Ramon Masià que, junto a una veintena de empresarios, tratan de evitar lo que en teoría es inevitable, según la conselleria d'Empresa.
Es obvio que ni Tusquets ni Masià son los verdaderos artífices del movimiento cameral y, en todo caso, serían tan solo los beneficiarios de una operación pergeñada en despachos mucho más importantes que, desde el primer momento, no aceptaron la aplastante victoria de Eines de país. Aunque las acciones legales iniciadas por los demandantes tienen aparentemente objetivos escalonados en función de cual acabe siendo la posición de la fiscalía o de la justicia, la impresión más evidente es que su verdadero objetivo es la inmovilización de la nueva junta en la toma de decisiones importantes a la espera de que se acabe resolviendo no se sabe muy bien en cuanto tiempo.
De ahí que los autores intelectuales de la iniciativa judicial hayan ido directamente a un supuesto delito de protección de derechos fundamentales que obliga a una sentencia rápida, ni que sea con la aplicación de medidas cautelares. O sea, un 155 en la Cambra, para que los nuevos responsables se limiten a la gestión ordinaria de la misma, pagar nóminas, realizar actos, hacer declaraciones... pero ninguna decisión que trascienda de ese minúsculo marco de poder.
Cuando el día 9 de mayo el Upper Diagonal perdió la Cambra, se hizo evidente desde el primer momento que no aceptaría de buen grado su derrota. Llevarlo más de un mes después a la justicia ordinaria permite pensar que se ha entrado a fondo en cuáles son las teclas a tocar para que no estemos delante de una iniciativa baladí.