Después de negar con rotundidad desde el mismo Consejo de Ministros que se pudiera liquidar a las comunidades autónomas 4.500 millones de euros ―de los que Catalunya reclama 1.317 a través de los tribunales― porque el gobierno estaba en funciones, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha faltado tiempo para realizar su primer acto de precampaña y, milagros de la vida, parece que con un argumento diferente al anterior sí que va a pagar lo que debe.

Bienvenida sea a Catalunya esta parte de los dineros que no son suyos, ya que con los otros, los que tienen que ver con el déficit crónico de la financiación catalana, no piensan ni ponerse, como tampoco han hecho nada para corregir el escandaloso cumplimiento de obra pública que fijan los presupuestos generales del Estado y que en 2018, el último ejercicio cerrado, fue del 66% en Catalunya y del 114% en la Comunidad de Madrid.

El gobierno español dice ahora que desbloqueará los 4.500 millones con la misma seguridad que hace unos días decía que era imposible. También con la misma seguridad que decía que así se lo aconsejaba un informe jurídico de la Abogacía del Estado, más tarde que este informe no existía y, en el último momento, acabó apareciendo. Mientras todo esto sucede, uno no puede más que pensar que alguien está convencido de que cualquier trola vale si se explica desde el poder.

Y quizás incluso tiene razón Pedro Sánchez a la vista de cómo reacciona el personal cada vez que se utiliza el Consejo de Ministros como el estafador de las Ramblas mueve la bolita en el timo de los trileros. Un día incluso se nos confiesa en televisión y nos dice que no dormiría con ministros de Podemos en el gobierno, y mientras discutimos sobre la frase de marras y el personal sigue despistado, prepara un acuerdo de futuro con Ciudadanos. La política cada vez se ajusta menos a la verdad: se dice una cosa y se hace otra.

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