Por segunda vez en pocas semanas, la Mesa del Congreso de los Diputados ha prohibido la tramitación de la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades de la casa real y, más concretamente, sobre los trapicheos de Juan Carlos I con el presunto cobro de comisiones de Arabia Saudí descubierto a raíz de la aparición de una cuenta en Suiza y que implica a su heredero Felipe VI y a su hija Leonor.
Incapaces de ponerse de acuerdo en nada, absolutamente en nada, los representantes de PSOE, PP y Vox hicieron piña para vetarla y rechazar así la solicitud de diversos grupos parlamentarios nacionalistas e independentistas, así como de Podemos, que no la firmó pero sí apoyó su tramitación parlamentaria. En total, algo menos de un centenar de parlamentarios hubieran estado a favor, de los 375 diputados que tiene la Cámara, si hubiera llegado al pleno. Valdrá la pena recordar a los socialistas como no les importa la compañía de los diputados de Santiago Abascal y romper la unidad de voto de la coalición de gobierno con Podemos en una cuestión no menor, como es la investigación de la corrupción durante décadas en la jefatura del Estado.
Cerrada a cal y canto la vía parlamentaria y con una cierta percepción de aparente desinterés de los estamentos judiciales españoles, habrá que esperar a ver qué acaban haciendo los países donde hay causas abiertas como son Suiza y el Reino Unido, y donde la princesa Corinna, la examiga de Juan Carlos I, aparentemente dispuesta a tirar de la manta o a dejar que se tire, tiene mucho que decir.
El hecho de que la monarquía haya aprovechado la crisis por el coronavirus para tomar un atajo informativo de un tema que conocía desde hace un año es evidente que tenía como objetivo restar visibilidad al escándalo. En buena medida, lo ha conseguido en la batalla mediática doméstica. Está por ver que tanto en Ginebra como en Londres se haya escrito el último capítulo.