No habrá desobediencia del Parlament y el diputado de la CUP por Lleida Pau Juvillà queda en un limbo jurídico que, en la práctica, le sitúa más como exdiputado que como diputado. Con esta decisión, que es evidentemente política, la cámara catalana desactiva cualquier acto de desobediencia basándose en el dictamen de urgencia aprobado este mismo miércoles por la Comissió de l'Estatut dels Diputats con su nuevo presidente, el diputado y jurista Jaume Alonso-Cuevillas, y que argumenta que el límite es no afectar a los funcionarios del Parlament. La decisión no es, por motivos bien diferentes, del agrado de los partidos independentistas y tampoco de los no independentistas.

La presidenta Laura Borràs se ha dejado alguna pluma, ya que no ha podido llegar hasta el final de su compromiso por mantener el escaño de Juvillà, porque, después de la decisión de la Junta Electoral Central desposeyéndolo del mismo, no había un terreno jurídico firme que poder pisar. Su partido, Junts per Catalunya, le ha acompañado públicamente, pero, sin embargo, con diferentes voces expresando su desazón si, al final, no se iba a mantener una actitud de desacato a la JEC. La CUP, manteniendo un pulso con Borràs por su diputado Juvillà, ya que quería que siguiera siendo parlamentario hasta la comunicación del Tribunal Supremo, que debía ser la instancia que acabara retirándole el escaño hasta la intromisión de la JEC. Esquerra, por su parte, ha visto los toros desde la barrera. En la división de los partidos independentistas ha tenido suficiente con ver como Junts y su presidenta se metían en un lío del que no han podido salir con una explicación convincente.

En el otro lado, PSC, los comuns, Vox, Ciudadanos y PP han gestionado su satisfacción, al entender que no habría un acto de desobediencia, con diferente intensidad tanto política como jurídica. El argumento de que para este viaje no eran necesarios tantos quiebros recoge bastante fidedignamente las enormes diferencias existentes en muchas cosas, pero también la unanimidad cuando toca posicionarse frente a los partidos independentistas si lo que está en juego tiene relación con la soberanía de Catalunya. Para acabarlo de enredar, las negociaciones a 600 kilómetros de la reforma laboral, que ha provocado un conflicto entre el gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana, al tener que pactarla el ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos con Ciudadanos, PDeCAT y otros partidos de centroderecha, olvidándose de sus aliados de la izquierda para sacarla adelante en el Congreso de los Diputados, han dejado al Govern de Pere Aragonès  aún más a la intemperie.

Solo dos ejemplos: la CUP se ha negado a celebrar la reunión que tenía agendada con el president para buscar fórmulas que permitan recomponer la unidad independentista. En menos de una semana, la CUP y el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, han dejado plantado a Aragonès. Y el socio que ayudó al Govern a aprobar los recientes presupuestos de la Generalitat hace poco más de un mes, los comuns de Jéssica Albiach, ha amenazado al president con retirarle su apoyo en el Parlament si los diputados de Esquerra no apoyan la reforma laboral en un gesto nada indisimulado de doblar la negativa actual y proteger a la vicepresidenta de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, promotora e impulsora de la nueva normativa.

Resumiendo y volviendo al principio: la suspensión de la actividad del Parlament por el caso Juvillà ha acabado siendo un acto estéril. Porque, en política, las acciones se valoran por su resultado y mucho me temo que el objetivo que se buscaba no se ha conseguido.