El estruendoso silencio que están manteniendo los dos grandes partidos españoles, el PSOE y el PP, así como toda su corte mediática, con el caso del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés detenido en su domicilio de Majadahonda, en la provincia de Madrid, por una acusación de violencia de género es tan llamativo que es ofensivo. Nadie le ha pedido la dimisión —el PP hizo un amago con la boca pequeña— y el TC incluso hizo un comunicado poniendo de relieve su presunción de inocencia. Y allí sigue Valdés en su cargo ya que tampoco ha dimitido. El Constitucional dice estar consternado por la situación pero el nivel de resistencia por un nuevo escándalo en el Tribunal debe de ser superior al sonrojo que produce la situación.
Por si había dudas, este jueves la titular del juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda, lejos de archivar el caso lo ha enviado al Supremo, como es preceptivo al estar aforado, por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar de acuerdo con el artículo 153 del Código Penal que establece penas de hasta un año de prisión. Es obvio que la magistrada Elena Garde ha de haber visto sólidos indicios para entrar en un jardín tan complicado como este al afectar el delito de violencia de género a un miembro del TC. Uno de los testigos ha relatado como oyó a la mujer gritar ayuda en varias ocasiones y pedir socorro, y por eso avisaron a la Guardia Civil.
No deja de ser chocante, clamorosamente llamativo y preocupante que hasta el momento el auto de la magistrada de Majadahonda no se haya cambiado el guion establecido: esperar que escampe la polémica. Explicaba Elisa Beni en un artículo publicado el pasado miércoles en este diario que Juan Carlos Campo y Enrique López ya han cerrado un acuerdo en nombre del PSOE y del PP para la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y que afecta también a la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo, y que solo se estaba a la espera que Pedro Sánchez y Pablo Casado encontraran el mejor momento para anunciarlo.
Y en medio de todo este pacto para repartirse, como siempre, el pastel, estalla el tema de Fernando Valdés y el presunto delito de violencia de género. Y entra el juego la política partidista que siempre pasa por delante y el miedo a que la dimisión o el cese del magistrado del Constitucional acabe echando atrás el acuerdo para el CGPJ. Muchas teclas, muchos intereses y mucho poder judicial en juego. Pero la jueza de Majadahonda solo tiene en su mesa un caso de violecia de género, cree que hay un presunto delito y lo eleva al Supremo. En España, uno siempre tiene la impresión que no lo ha visto todo.