No debe haber un adjetivo que en una única palabra recoja la sensación de vergüenza y de descrédito de la Junta Electoral Central, que este jueves ha visto cómo saltaba por los aires su escaso prestigio una vez se ha conocido que uno de sus miembros, el catedrático de Derecho Administrativo de la UPF Andrés Betancor, estaba a sueldo de Ciudadanos. Dicho en plata: por la mañana elaboraba previo pago los recursos del partido naranja ante la JEC y por la tarde se sentaba en el organismo y defendía la posición de la formación de Albert Rivera e Inés Arrimadas. Hace unos años, quizás, el caso habría tenido un perfil menor, como menor era el papel de la JEC. Ahora, ciertamente, las cosas cambian, ya que el organismo puramente administrativo se ha acabado convirtiendo en una especie de instancia prejudicial que ha tomado decisiones trascendentes en la vida pública española y ha penalizado enormemente a las formaciones independentistas con pronunciamientos que han privado de derechos a muchos de sus dirigentes. Desde los presidentes Quim Torra y Carles Puigdemont hasta los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, por citar algunos de los afectados.

En las numerosas querellas que se han anunciado, no solo en España sino también en Bélgica, se verá si hay hechos delictivos e ilegales. Ya veremos. Pero es innegable que el hedor que sale de un sistema cada vez más carcomido y alejado de cualquier atisbo de justicia es asfixiante. La actuación de Betancor contra el independentismo ha sido feroz y las decisiones adoptadas por la Junta Electoral Central entre el 2017 y el 2019, años en los que fue vocal, deben ser retrotraídas a aquellas que puedan realizarse. Veremos qué dicen todos aquellos que defendían las decisiones de la JEC y que tanto han perjudicado al independentismo. Ciudadanos, siempre atentos a perseguir cualquier micrófono para ocupar espacio mediático, optó por callar, mientras Inés Arrimadas cancelaba urgentemente entrevistas concertadas por asuntos personales. Muy grave debe de ser cuando esconderse es el único camino de un partido que con el insulto y el espantajo de que España se rompe tiene más que suficiente.

Dice la Pompeu Fabra que el rector, Jaume Casals, ha expresado su preocupación personal ante la posibilidad de que un profesor pueda tener "una actuación éticamente tan reprobable". Al mismo tiempo, ha ordenado la apertura de un expediente informativo para aclarar si sus actuaciones pueden ser objeto de sanción por parte de la Universidad. En la JEC, mientras tanto, silencio. Un clamoroso silencio. Veremos qué acaba sucediendo con la inhabilitación del president Quim Torra ya que en su origen estuvo Betancor y Ciudadanos estuvo detrás de buena parte de las denuncias que se produjeron contra él por el caso de los lazos amarillos. Un procedimiento, el de Torra, que sigue su curso en el Tribunal Supremo pero que tiene un encaje claro con la Junta Electoral Central y los pronunciamientos que acabó haciendo y que le privaron del acta de diputado en el Parlament aunque conserva el cargo de president.

Si alguien tuviera un poco de vergüenza se apresuraría a evitar un descrédito aún mayor antes de que la actuación de la JEC sea la comidilla de los tribunales europeos y del Parlamento Europeo. Debe ser, sin duda, mucho pedir ya que siempre hay quien piensa que lo mejor es morir con las botas puestas.

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