Diversas organizaciones empresariales encabezadas por la Cambra de Comerç de Barcelona y su presidente Joan Canadell han celebrado esta semana una reunión para tratar de revertir el déficit crónico de infraestructuras en Catalunya. Es este un problema a estas alturas perfectamente perimetrado y que, unido al déficit fiscal también cronificado, ahoga a la economía catalana y dificulta su competitividad. No estuvieron todos los agentes económicos catalanes por razones que tienen mucho más que ver con sus cuotas particulares de protagonismo que por divergencias de fondo en esta cuestión ya que si la Cambra cifró en 45.000 millones de euros la inversión necesaria hasta 2030 para paliarlo, Foment situó en 28.000 millones el déficit en infraestructuras de los últimos diez años.

Estamos hablando, en cualquier caso, de cifras astronómicas que justifican el enojo tan transversal existente en la sociedad catalana. Este sábado, el president Quim Torra, coincidiendo con la puesta en servicio de la estación de la Zona Franca de la línea 10 Sur del metro, ha pedido un frente común del conjunto de las administraciones catalanas para exigir al Estado las inversiones necesarias para que Catalunya tenga de una vez por todas un servicio de Rodalies como es debido.

Una y otra vez desde Catalunya se pone encima de la mesa esta petición al gobierno español sin resultado real alguno. De promesas y titulares de periódicos están las hemerotecas llenas, de resultados, lamentablemente, hay muy poco a registrar. El Estado español ha ido siempre encontrando una excusa para no hacerlo y tan solo hace falta repasar lo que ha sucedido en este siglo: mayoría absoluta e inicio de recentralización del Estado con José Maria Aznar; Estatut d'Autonomia incumplido con Catalunya e inmediatamente después crisis económica con José Luis Rodríguez Zapatero; austeridad y recetas de contención de la inversión con Rajoy, a lo que se unió una crisis total con el inicio del proceso soberanista y el ahogo financiero a la Generalitat; y, finalmente, dieciocho meses de presidencia de Pedro Sánchez sin cuentas públicas aprobadas, viviendo de los presupuestos de Montoro de 2018.

Por si fuera poco, las partidas de los presupuestos en infraestructuras con Catalunya nunca se han agotado, a diferencia de Madrid, como se hizo evidente al conocerse la ejecución presupuestaria real durante el periodo 2015-2018 y que según la intervención general del Estado fue de un 65,9% en Catalunya frente al 113,9% de Madrid. Las reglas deben ser más que diferentes para tan abismales datos. Y aunque el objetivo de los partidos independentistas tiene que ser lograrla e intentar alcanzar un acuerdo para la celebración de un referéndum acordado, acusar permanentemente al Estado español de maltrato a los ciudadanos de Catalunya también debe formar parte de su agenda diaria de denuncias públicas.