La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, debería tener un problema mayúsculo después de la citación judicial que ha recibido para declarar el 4 de marzo como investigada por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de dinero público, tráfico de influencia y negociaciones prohibidas. Debería tenerlo aunque se le conceda la presunción de inocencia, que debe tener cualquier ciudadano y que ella ha negado siempre a sus adversarios, saltándose cualquier barrera que pudiera existir si a cambio obtenía un beneficio. Así llegó a la alcaldía de Barcelona en 2015, cuando no tuvo inconveniente en cabalgar a lomos de una gran mentira, como las cuentas en Suiza de Xavier Trias, si con ello era capaz de desplazar del cargo al entonces alcalde. Aquel fue un acto indecente que marcó una carrera política y que dio la dimensión, también humana, de quien después sería alcaldesa de Barcelona y que aún lo sigue siendo.

Pero el problema de Colau, hasta que preste declaración, no es con la citación del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona, que, en todo caso, pasará a ser un problema de dimensiones diferentes y mucho más grave si el juez la mantiene como investigada después de su declaración del 4 de marzo. El conflicto que tiene ahora es con el código ético de su formación política, Barcelona en Comú, de cuya lectura solo cabe una interpretación: la dimisión es obligatoria e inmediata. Se mire por donde se mire, se lea como se lea, debería dejar el cargo aunque la decisión sea muy dura. Ello no va a suceder, obviamente, ya que en seguida los suyos se han apresurado a arroparla, descartando que lo vaya a hacer, y reinterpretando el código ético, añadiendo que solo en casos que haya un presunto ánimo de lucro personal la dimisión debería llevarse a cabo.

Varias reflexiones al respecto. Colau ha demostrado que dispone de diferentes varas de medir y que la precipitación con que reparte acusaciones y pide dimisiones se transforma en la bunkerización más absoluta cuando un caso le afecta a ella. Esa doble vara ya la utilizó para conservar la alcaldía, tras unas elecciones que había perdido, aunque para ello tuviera que pactar con el denostado Manuel Valls y con una formación tan de derechas como la plataforma que lideraba. Segundo, ¿tiene algún sentido, por parte de los partidos, elaborar códigos éticos que acaban en el cubo de la basura cuando eres tu quien te lo has de aplicar? ¿Esa es la nueva política que venía a insuflar después del 15-M y desde el activismo ciudadano, el aire fresco al ayuntamiento de Barcelona? ¿Tiene alguna penalización predicar y hacer bandera que, llegado el caso, tu actuarás diferente ante una citación como investigada y, si ello acaba sucediendo, comportarte como si no fuera contigo?

Hace ya tiempo escribí que debería dársele una vuelta a la arbitrariedad que supone el hecho de que los jueces tuvieran en su mano acabar con la carrera de los dirigentes políticos y con algo tan sencillo como una citación como investigada o la apertura de juicio se tuviera que dimitir. La ofensiva judicial que se ha vivido contra el independentismo, y que aún sigue pese a que los plazos, evidentemente, se han ralentizado, obliga, en mi opinión, a postergar esta dimisión hasta la finalización del juicio porque no puede ser que los jueces tengan una libertad de movimientos tan absoluta para acabar a discreción con carreras políticas. Y esta opinión vale para todos. También para Colau. Pero esa lectura de lo que es la actual persecución judicial no ha sido nunca la de Colau, y ojalá se hubiera colocado en el lado correcto. Lejos de ello, se ha saltado siempre la presunción de inocencia que ella reclama y que el código ético de su partido no le concede. También en eso está atrapada. En la vara de medir que ha aplicado a adversarios de todo tipo con aquella superioridad moral que siempre, siempre, se utiliza y se exhibe impúdicamente desde su espacio político.