Quiere hacernos creer el gobierno español, los principales partidos del Estado y sus terminales mediáticas que el espionaje masivo sufrido por independentistas catalanes con el programa Pegasus es un suceso irrelevante y de origen desconocido. Se da, además, la paradoja que los medios de comunicación internacionales o el Parlamento Europeo están tratando el caso más grave de este tipo sucedido en Europa con un interés que no ha demostrado ni la prensa de papel editada en Madrid, ni el Congreso de los Diputados. España ha cerrado filas y mucho me temo que la iniciativa legislativa, presentada este miércoles por una decena de formaciones políticas arropando a los independentistas que han sido infectados para ser espiados, de constituir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados caerá en saco roto. El estado español se desangra con prácticas mafiosas de espionaje, la corrupción de la monarquía, el jefe del Estado entre 1975 y 2014 exiliado en Abu Dabi viviendo a cuerpo de rey con millones de dudosa procedencia, la justicia condenando injustamente a los independentistas, y un gobierno totalmente superado en manos del deep state que marca la pauta y los límites de lo que se debe o no se debe hacer.

El Estado está colocando los cortafuegos necesarios para salir lo menos mal parado posible. Todo ello, a partir de negarlo todo, como si alguien pudiera llegarse a imaginar que el espionaje puede haber sido realizado por alguien que no sea el estado español. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha salido a defender el papel del CNI, asegurando de oficio que los servicios de seguridad siempre actúan acorde a la legalidad y reprochando al president Pere Aragonès que les haya acusado, según ella, sin pruebas. Y el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán achicando agua y señalando en Televisión Española que no podía confirmar, ni desmentir, nada, ya que, de hecho, no podía ni hablar de la cuestión. Cuando no es suficiente, se refieren a la ley de secretos oficiales, que siempre da mucho de sí, igual que los fondos reservados ilimitados o los acuerdos con países terceros para pagar favores que tan bien explicó en su día el ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo. 

No hay un grupo descontrolado procedente de las alcantarillas policiales que actúa al margen del Estado, como recurrentemente se ha querido hacernos creer para impedir que la sangre llegara hasta la misma sala del Consejo de Ministros. Lo que ahora se conoce como el CatalanGate fue fruto de un acuerdo entre PP y PSOE, en aquellos años representados por Mariano Rajoy ―que enseguida delegó en Soraya Sáenz de Santamaría― y Alfredo Pérez Rubalcaba. Pedro Sánchez recogió la herencia sin hacer nada por cambiarla cuando llegó a la secretaría general del PSOE y más tarde a la Moncloa, bien sea por incompetencia o por impotencia. En cualquier caso, no puede eludir una responsabilidad que le corresponde como presidente del Gobierno, ya que no sabemos cuántos de estos informes ilegales elaborados a través de prácticas mafiosas han sido utilizados en contra de sus adversarios políticos independentistas.

Por eso, es obligada una comisión de investigación y el gobierno catalán y los partidos independentistas han de congelar cualquier relación con el gobierno español hasta haber ganado la posición y disponer de un camino que permita esclarecer la verdad. No puede ser una suspensión a medio camino que acabe pareciendo un mal menor detrás de un gran titular, como ha sucedido en tantas ocasiones anteriores. En la medida que la respuesta sea contundente y duradera, puede haber un terreno de juego que complique la vida al PSOE, que, por otro lado, ya tiene numerosos frentes abiertos. Es de esperar que, ni que sea por una única vez, Esquerra y Junts jueguen en el mismo bando y animen a la CUP a formar parte del mismo equipo. Porque esto no va ni de derechas, ni de izquierdas, sino de libertades y de Catalunya. También, de no hacer el ridículo.