El president del Parlament, Roger Torrent, ha viajado a Bruselas a reunirse con el president Carles Puigdemont y los cuatro consellers exiliados en Bélgica, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. Los cinco son diputados del Parlament de Catalunya y uno de ellos, Puigdemont, es el candidato propuesto por los grupos parlamentarios que suman mayoría absoluta en la Cámara para la sesión de investidura que se celebrará el martes día 30. No es, por tanto, extraño, que Torrent se desplace a la capital comunitaria, como tampoco lo es que visite a los otros diputados aún encarcelados -Oriol Junqueras y Jordi Sànchez- y al conseller Joaquim Forn, que acaba de renunciar al acta de parlamentario para favorecer su salida de la cárcel.

El hecho de que haya otros grupos parlamentarios que protesten carece en realidad de importancia en este asunto. No es un tema de partidos, por más que PP, Ciudadanos y PSC lo quieran llevar a este terreno, sino de la exigible dignidad de la institución. O, al menos, de una manera de verla que está muy lejos de la que tienen los partidos unionistas. En cualquier caso, tampoco es tan extraño que los que aplaudieron entusiásticamente la disolución del Parlament llevada a cabo por Mariano Rajoy ahora se escandalicen por que se quiera respetar el mandato de los ciudadanos en las urnas el pasado 21-D. Puestos a asombrarse, a mí lo que realmente me llama la atención son dos cosas: que el president del Parlament se haya pagado el viaje de su bolsillo y que el gobierno español cierre a cal y canto la delegación de la Generalitat en Bruselas para impedir el encuentro entre Puigdemont y Torrent.

Desconozco si han sido los letrados de la Cámara catalana los que han aconsejado al president del legislativo que, para evitar problemas, corriera con los gastos del billete y evitar así una hipotética denuncia de malversación de fondos. Si así fuera, la culpa tampoco sería de los letrados. Asumir en su totalidad las funciones de representación de la institución y velar, como ha dicho, por los 135 diputados es viajar a Bruselas, Estremera y Soto del Real con cargo a los presupuestos del Parlament. Lo contrario es aceptar que está fuera del cargo que se ocupa y, en consecuencia, es una gestión personal y no institucional. Comunicarle al candidato a president de la Generalitat que es la propuesta de la presidencia del Parlament no es, obviamente, una actuación personal.

Como tampoco es de recibo que una institución de la Generalitat -que no es otra cosa la delegación de la Generalitat en Bruselas- no permita al president del Parlament celebrar una reunión con una visita, en este caso el president Puigdemont. ¿Acaso no es para el gobierno español Roger Torrent el representante de la segunda institución de Catalunya y no se merece, en consecuencia, un tratamiento acorde al rango que ocupa? ¿No está dispuesto el Ministerio de Asuntos Exteriores a reconocer la jerarquía del president del nuevo Parlament? Que se sepa, esta elección no ha sido impugnada por el gobierno español.

El estado de pánico en que algunos parecen haber entrado en la búsqueda desesperada de túneles del alcantarillado público, por los que supuestamente pudiera acceder Carles Puigdemont al Parc de la Ciutadella y al Parlament, tiene al ministro Zoido al frente de un operativo policial singular. Por no decir algo cómico. Todo ello, justo el día en que el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha causado un estropicio descomunal en su expartido con el tema de la corrupción. Para taparlo, nada mejor que atizar informativamente la cuestión catalana. Es una estrategia demasiado vieja y no hay nada peor que dejarse arrastrar por ella.