Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han firmado un acuerdo para formar el primer gobierno de coalición en la historia reciente de España. Y lo han hecho en unas condiciones aritméticas más difíciles que en los meses en que la legislatura estuvo bloqueada, lo cual condujo a las elecciones del pasado domingo y demuestra que, a veces, los políticos también saben hacer de la necesidad virtud. Sánchez ha precipitado el acuerdo antes de que el hervidero de rumores que es Madrid desde el domingo por la noche se acabara cobrando su cabeza. Ha cedido, pues claro. Para empezar, se ha comido su orgullo, reflejado en una frase que, como todas las suyas, carece de valor alguno: "No dormiría tranquilo con Unidas Podemos en el gobierno". De eso, hace semanas. Y le ha dado la vuelta como a un calcetín con ministros e Iglesias de vicepresidente. En este aspecto, el secretario general de Podemos es el ganador claro, aunque también ha tenido que tragarse alguno de sus principios, que, al final, son eso: principios, no finales.

El punto 9 del acuerdo es un trágala de difícil digestión incluso para los comunes y, sinceramente, es difícil de gestionar por los partidos independentistas catalanes. Lleva por título: "Garantizar la convivencia en Catalunya" y dice así: "El gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Catalunya y la normalización de la vida política. Con este fin, se fomentará el diálogo en Catalunya, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre españoles". Convivencia, diálogo en Catalunya, no con Catalunya, y Constitución. Nada de bilateralidad, diálogo sin líneas rojas, referéndum acordado, derecho a la autodeterminación o amnistia. Uno puede ser el último invitado a la mesa, pero lo que no puede ser es el único que se quede sin comer. Y eso es lo que parece que se espera en Madrid una vez más de los independentistas catalanes.

Aunque en política también las cosas suceden sin que nadie las planifique, la primera noticia después del pacto entre Sánchez e Iglesias ha sido la decisión de la Fiscalía General del Estado de ordenar a la Fiscalía de Catalunya que investigue si hay responsabilidades penales por parte de la Mesa del Parlament tras haber autorizado que la Cámara debata y apruebe una moción que reiteraba el derecho a la autodeterminación de Catalunya. Esa Fiscalía General del Estado es aquella que Pedro Sánchez decía todo orgulloso, hace tan solo seis días, que "seguía órdenes del gobierno". Pues eso. Por si acaso, no se publicará el acuerdo en el Boletín Oficial del Parlament. Tan solo la patita...

Y, en medio de todo ello, una gran noticia procedente de Bruselas: el abogado general de la Unión Europea cree que Oriol Junqueras tendría que haber sido reconocido miembro del Parlamento Europeo desde la proclamación de los resultados electorales, independientemente de cuestiones formales como el juramento de la Constitución o cualquier otro trámite que imponga un Estado, en este caso, el español. Obviamente, la decisión es un serio revés para la Junta Electoral Central, la Sala del Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena, el juez Manuel Marchena y el propio Parlamento Europeo, ya que todos ellos se pronunciaron en sentido contrario en uno u otro momento. La decisión —aunque no es vinculante, el criterio se suele seguir— refuerza las expectativas del president Carles Puigdemont y el conseller Toni Comín de acceder al acta de eurodiputado en las próximas semanas. Conclusión: la justicia europea se parece poco a la española.

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