El segundo aniversario del referéndum del 1 de octubre, que se ha celebrado este martes, ha estado marcado por la esperanza y por la melancolía; por la reivindicación de un hito excepcional en la historia del país y por la preocupación por la situación de los presos y exiliados; por la represión y por las permanentes amenazas del Gobierno, en este caso no del PP sino del PSOE, de aplicar el 155 con la excusa que sea; por el imparable ventilador mediático para construir el relato independentismo=terrorismo y por la puesta en marcha de la maquinaria ciudadana que debe dar respuesta a las sentencias del Tribunal Supremo. A diferencia del 1-O de hace dos años, dominado por una victoria aplastante del independentismo que consiguió tumbar al Estado español, que había asegurado que no habría ni urnas ni referéndum, se percibe una cierta calma tensa, sin saber muy bien cuál será la respuesta de la ciudadanía ante el envite de la justicia española.

En el plano estrictamente de la política catalana, dos iniciativas de este 1-O destacan por encima de la vorágine informativa. En primer lugar, el compromiso adquirido por el Govern en un acto solemne en el Palau de la Generalitat de "avanzar sin excusas" para hacer realidad la República catalana. En segundo lugar, el acuerdo del Consell per la República, que, reunido en Bruselas, ha anunciado la convocatoria de la Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya para decidir cuál tiene que ser la respuesta a las sentencias del Supremo si el fallo es condenatorio.  Esta asamblea de concejales, alcaldes, diputados al Parlament y al Congreso y senadores sería la encargada, según sus palabras, de decidir el rumbo del país después de las sentencias.

Es obvio que la partida post-sentencias ha desplazado este año, en parte, a la conmemoración del referéndum. Tanto es así que la respuesta catalana ha tenido un deliberado perfil, consistente en actos de protesta de tamaño medio con manifestaciones en varias ciudades de Catalunya y concentraciones en algunos de los colegios que más padecieron la represión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ajeno a todo ello, el PSOE y Pedro Sánchez empiezan a mostrar descaradamente su estrategia de máxima confrontación con el independentismo y a prodigarse en todas sus declaraciones públicas con una hipotética aplicación del 155. Sus últimas manifestaciones señalando que ya habían analizado que el Senado lo podría aprobar, como es preceptivo según la Constitución, aunque la Cámara Alta española estuviera disuelta, solo tienen el objetivo de continuar alimentando una polémica que, dada la actuación del Govern hasta la fecha, debería ser inexistente.

Pero entre el 155 y el terrorismo con que se intenta relacionar a los independentistas, Pedro Sánchez va haciendo y alejándose de una solución al problema catalán. Porque, si, obviamente, la justicia no es quien lo tiene que resolver y la política española desiste manifiestamente de ello, ¿quién queda con autoridad para que el conflicto no continúe enquistado?