La Cambra de Comerç ha abierto un debate tan impopular como necesario: ¿Hay que volver a pagar por circular por las autopistas? Solo hace falta recordar de dónde venimos para reconocer que el debate que promueve la Cambra es enormemente incómodo para partidos y administraciones, ya que el fin de los peajes de la AP-7, la AP-2, la C-32 norte y la C-33 en 2021 fue celebrado con estruendo y como una gran conquista social. Cinco años después, aquella euforia ha mermado. Por un lado, está la Comisión Europea, que lleva años reclamando al gobierno español un modelo como el que tienen la mayoría de los países de nuestro entorno, aunque Bruselas siempre ha acabado aceptando las prórrogas solicitadas por el Estado para abrir este incómodo melón. Pasar de peaje a gratis es enormemente fácil, pero ¿quién es el valiente que se atreve a lo contrario con tantas elecciones como se celebran en España?

Pero lo cierto es que hay una realidad: los datos del sector señalan que más de la mitad de las carreteras del Estado y de Catalunya presentan un deterioro grave o muy grave, mientras que la inversión anual efectiva en mantenimiento es claramente insuficiente para revertir esta situación. El tráfico ha aumentado considerablemente por estas vías y el paso de camiones no solo ralentiza el desplazamiento, sino que ha mermado considerablemente el suelo de las autopistas. A partir de aquí, se entra en un círculo pernicioso: la administración no repara con la celeridad que sería necesaria el pavimento, aumentan los accidentes de tráfico y muchos desplazamientos se acaban convirtiendo en un martirio para el conductor, ya que los tiempos de demora se hacen eternos. Ciertamente, el desplazamiento por estas vías es gratuito, pero muchos conductores consideran que el coste que acaban pagando es superior al de la implantación de un peaje.

La administración no repara con la celeridad que sería necesaria el pavimento, aumentan los accidentes de tráfico y muchos desplazamientos se acaban convirtiendo en un martirio para el conductor

El planteamiento de la Cambra es enormemente sencillo: en primer lugar, que la gestión de todas las carreteras y autopistas catalanas pase a manos de la Generalitat, que sería, en todo caso, la responsable final de sacar a concurso su gestión privada. En segundo lugar, que el Estado implante un sistema de tarificación por uso de las vías de alta capacidad, autopistas y autovías. Con el criterio genérico de la Unión Europea de que quien usa paga y quien contamina paga, y con el objetivo de que esto mejore el mantenimiento de las carreteras. Este sistema se considera más equitativo que el de la viñeta que tienen otros países europeos y que no distingue el uso que realmente se hace de la infraestructura. No tendría por qué ser un peaje como el que había antes, sino una tarificación periódica por el número de kilómetros realizados, que se controlaría mediante cámaras.

Estamos, obviamente, en un debate muy preliminar y donde la demagogia tiene mucho camino para recorrer. Pero parece inevitable un final que asuma, con la fórmula que sea, este planteamiento o uno muy similar. El Estado, como estamos viendo estos días, tiene unos presupuestos limitados y a todo no puede hacer frente. Más allá del grave problema de Rodalies, dos sectores tan importantes como los maestros y los médicos acaban de levantar la mano con sus reivindicaciones, algunas larvadas durante mucho tiempo. La propuesta del Govern para apaciguar a maestros y profesores ha sido una oferta para que cobren un aumento de 1.500 euros más en los próximos cuatro años. En el departamento de Salut, el problema de los salarios y las guardias se ha juntado con la polémica de las bajas, según la cual la conselleria quiere condicionar parte de los fondos públicos para los CAP a que se reduzcan las bajas médicas. Más de un millar de sanitarios se han revuelto contra la consellera Olga Pané abriendo una crisis que va más allá de esta iniciativa.

Por todo ello, es evidente que habrá que priorizar, con unos recursos que no son infinitos y que el sistema de financiación, si llega a entrar en vigor, puede corregir algo, pero no resolver. El meollo sigue estando en el insoportable déficit fiscal que España no va a solucionar.