Decía Willy Brandt que una situación se convierte en desesperada cuando empiezas a pensar que es desesperada. He recordado una de las fases más recurrentes pronunciada por el canciller que gobernó Alemania entre 1969 y 1974 y que fue capital para abrir el diálogo y mejorar las relaciones diplomáticas de Alemania Occidental con la Unión Soviética, Polonia y la Alemania Oriental (RDA), reduciendo así las tensiones de la Guerra Fría. Aquel socialista pragmático que recibió el Premio Nobel de la Paz huía del ruido y perseguía los grandes acuerdos, algo que fue clave, por ejemplo, para superar la primera recesión económica de la posguerra. Eran unos tiempos en que acababa siendo algo más que una frase que más vale un mal arreglo que un buen pleito, lo que en política equivaldría a que más vale un mal pacto que ningún pacto. Pero hoy eso es casi una anticualla tan pasada de moda que casi ofende vertebrar un discurso animando a que ante problemas tan graves como la vivienda se haga la menor demagogia posible.
Aunque el camino del Consejo de Ministros para aprobar los dos decretos de vivienda ha sido innecesariamente turbulento, ya que ni los propios ministros sabían lo que se había acordado, y horas después de su finalización aún se trabajaba en su redacción definitiva, el Boletín Oficial del Estado lo ha acabado publicando este miércoles. Dos previas: el gobierno lo ha publicado sin cumplir lo acordado, al menos, con uno de sus socios, Junts per Catalunya, aunque también han protestado PNV y, por razones diferentes, Podemos; y eso unido a la premura de querer convalidar el Real decreto Ley el viernes en el Congreso, ha acabado dejando la pelota en un terreno en el que solo cabe adherirse. Como en la frase de las lentejas, si quieres las comes y si no, las dejas. Como que eso no acabará pasando, me aventuro a formular una propuesta antes de que los tumbe el Parlamento: ¿No sería mejor retirar los decretos, acordar un mínimo común denominador, al menos entre la mayoría de investidura, y volverlos a presentar? Porque los números hoy aparentemente no dan y mucho tendrían que cambiar las cosas en 36 horas, aunque, en política, nada es definitivo hasta el final.
Se legisla pensando en grandes tenedores, cuando buena parte del alquiler pertenece a particulares
La crítica más importante que se puede formular al decreto de medidas urgentes es que aborda la crisis de la vivienda imponiendo más obligaciones a las comunidades autónomas y más riesgos a los pequeños propietarios, sin facilitar suficientemente la compra de una vivienda ni ampliar la oferta de alquiler. Así, prioriza el alquiler y deja de lado a quienes quieren comprar su casa. No incorpora medidas que han estado encima de la mesa del gobierno como la deducción por compra, la cuenta ahorro vivienda o el IVA del 5 %. Además, reconocer una habitación como vivienda habitual se interpreta como una renuncia al objetivo de garantizar una vivienda digna: se protege jurídicamente esa situación, pero se corre el riesgo de normalizar la precariedad residencial. También es un error cargar sobre el pequeño propietario el coste de la política social. La acumulación de prórrogas obligatorias, límites a las rentas, suspensiones de desahucios y nuevas restricciones aumenta el riesgo de alquilar, mientras las compensaciones se consideran insuficientes y de tramitación compleja. La consecuencia que se anticipa es que más propietarios retiren sus pisos del mercado, reduciendo todavía más la oferta. Se legisla pensando en grandes tenedores, cuando buena parte del alquiler pertenece a particulares. En España, entre el 92% y el 95% de las viviendas en alquiler pertenecen a personas físicas.
Hay más objeciones, como que obliga a la Generalitat a pagar lo que decide Madrid. Si un inquilino vulnerable no paga, la comunidad autónoma tiene que saldar la deuda en dos meses y pasa a ser la deudora del propietario. También paraliza desahucios hasta 2030 sin compensar al propietario. La suspensión se aplica incluso con sentencia firme, y las entidades afectadas se definen por su intención, no por datos objetivos. Todo eso hecho sin consenso previo para salir aprobado es casi como jugar a la ruleta y da la impresión de que se ha buscado más el traspasar el problema a un tercero que pretender una aprobación parlamentaria. Como si el discurso fuera previo al decreto: si lo tumba Junts o PNV, es esa derecha que solo tiene intereses siempre inconfesables; si es la izquierda de Podemos, viven en un mundo maximalista e irreal. En los dos casos, la culpa no es de Pedro Sánchez y su intransigencia en la negociación. Y si acaba saliendo aprobado el decreto, obviamente la presión ha dado resultado. Vamos, que en ningún escenario la culpa es suya, aunque lleve ocho años gobernando.