¿Hasta dónde ha llegado España con sistemas absolutamente mafiosos, para impedir que pudiera prosperar la iniciativa del independentismo catalán de crear un nuevo Estado dentro de la Unión Europea? Por lo que hemos conocido este lunes, cuál era el límite aún no se conoce del todo, pero que se puso en marcha a partir de 2015, y de una manera mucho más generalizada entre 2017 y 2020, el operativo de ciberespionaje más grande conocido hasta la fecha es un hecho irrefutable. A través de dos programas que solo se venden a los Estados —Pegasus y Candiru— se atacó o se infectó el teléfono móvil de todos los presidents de la Generalitat desde 2010, políticos, activistas, abogados y un largo etcétera que ahora hemos conocido después del concienzudo trabajo del centro de investigación canadiense de la Universidad de Toronto, The Citizen Lab, que ha dado pie, además, a un extenso reportaje publicado en la influyente revista The New Yorker.

Muchas de las sospechas de estos años han dejado de serlo y son ya hechos verificados. Todo esto se ha llevado a cabo sin el correspondiente mandato judicial y utilizando programas que solo están al alcance de los gobiernos y que se han de utilizar para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo. No estamos hablando de esto, claro está. Sino de la persecución ideológica de los principales responsables del cambio de rasante que se puso en marcha en Catalunya para dar respuesta a la movilización ciudadana a favor de la independencia. Como que todo esto se ha hecho vulnerando convenios y saltándose legislaciones, se desconoce, obviamente, cómo se ha empleado esta información por parte de sus poseedores.

Tan importante como conocer las personas investigadas ilegalmente y que han resultado, a la postre, atacadas por el Estado, es el tiempo que ha abarcado esta violación de privacidad. Empezó, en 2015, con Mariano Rajoy ya instalado cómodamente en la jefatura del Gobierno, se generalizó con el presidente del Partido Popular en el turbulento 2017 y continuó cuando llegó Pedro Sánchez al palacio de la Moncloa el 2 de junio de 2018 durante, al menos, dos años más. Ilegal fue, presuntamente, la actuación de ambos, pero políticamente hay una diferencia abismal. El independentismo encumbró a Pedro Sánchez a la Moncloa vía moción de censura y el pago que recibió fueron actuaciones ilegales del Estado en su contra mientras públicamente se ofrecía diálogo político.

No estamos hablando del fraude político que ha supuesto la llamada mesa de diálogo. Es mucho peor: mientras el president de la Generalitat, Quim Torra, era recibido con honores en la Moncloa por Sánchez, su teléfono estaba intervenido; cuando se reunió la primera mesa de diálogo en el palacio de Pedralbes, con Torra y Aragonès de president y vicepresident, sus teléfonos estaban presumiblemente intervenidos, ya que el trabajo de The Citizen Lab sitúa entre 2017 y 2020 el mayor número de infecciones o ataques.

The Citizen Lab incluye entre sus conclusiones de informe, cuya metodología ha sido avalada por Amnistía Internacional, la necesidad de que se lleve a cabo una investigación oficial para determinar las responsabilidades y saber con mayor precisión el perímetro de la investigación. Parece difícil que Estado español tire de la manta que ellos mismos se han encargado tejer para actuar al margen de la ley con este programa espía mercenario. Francamente, hay que ser más que escépticos y tener una nula confianza. La denuncia que hoy harán Puigdemont, Junqueras, dirigentes políticos y de entidades soberanistas en Bruselas es imprescindible.

Será un paso más en la denuncia pública del Estado español. Pero, francamente, nada de eso va a impresionar ni a Sánchez y mucho menos al PP. El primero ha conseguido lo que quería de una manera bastante fácil y los populares, con Rajoy amortizado, tienen a Feijóo en la rampa para intentar llegar a la Moncloa. A ninguno de ellos sus votantes les castigarán por perseguir ilegalmente independentistas e, incluso, pueden sacar rédito político. La gravedad de la piratería cometida solo se la podemos dar los catalanes. Y, en este punto, lamentablemente, el mundo soberanista tampoco se caracteriza últimamente por sus aciertos.