La decisión del juez Juan Carlos Peinado de cerrar la instrucción y enviar a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, a juicio es, incluso más allá de lo que cada uno pueda pensar del auto de 39 páginas, una noticia enormemente importante. La derecha tratará de sacar rédito a esta decisión del magistrado y la izquierda lo atribuirá a razones políticas. Cada uno estará así en el papel que previamente se ha asignado. Pero, como es una cosa que no suele suceder, solo hace falta ver el tratamiento y la importancia que se le ha dado fuera, mientras Pedro Sánchez estaba de viaje oficial a China: en Bloomberg, la agencia y plataforma de datos financieros más importante y dominante del mundo, que cuenta con un sistema de chat interno (IB - Instant Bloomberg) que la convierte en la red social exclusiva de la élite financiera, ha sido, seguramente, la noticia más leída, con un titular que decía "La esposa del primer ministro español Pedro Sánchez ha sido acusada de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado". Solo en una red social, X, un único tuit tenía más de 1,1 millones de visualizaciones.

Begoña Gómez se sentará en el banquillo de los acusados por cuatro delitos: malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Ha caído finalmente el delito de intrusismo profesional porque el juez considera que solo hay un indicio débil; no los hay plurales y sólidos. El Gobierno, a través del ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, ha reaccionado confiando en que un tribunal imparcial revoque las decisiones de Peinado y ha desacreditado la instrucción que ha llevado a cabo sin paños calientes al afirmar que ha avergonzado a muchos ciudadanos del país, así como a jueces y magistrados. Aunque cabe recurso en una instancia superior, la Audiencia Provincial de Madrid, es más que dudoso que, como ha hecho en otras ocasiones, se le enmiende la plana a Peinado, ya que se ha ceñido —según los expertos menos pasionales en un tema tan delicado— de manera bastante escrupulosa a lo que se le había indicado. 

De los cuatro delitos, el más sólido quizás sea el de tráfico de influencias, ya que con una evidente torpeza acaba directamente implicando a Moncloa y situando en el complejo presidencial muchas de las actuaciones analizadas

De los cuatro delitos, el más sólido quizás sea el de tráfico de influencias, ya que con una evidente torpeza acaba directamente implicando a Moncloa y situando en el complejo presidencial muchas de las actuaciones analizadas. Hay un párrafo en el que Peinado utiliza la pluma y el estilete: "Pero lo determinante es que, por mucho que se busque en la jurisprudencia que analice o interprete este tipo penal contemplado en el denominado Código Penal de la democracia, aprobado por la Ley Orgánica de 23 de noviembre de 1995, no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecden más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva deuna interpretación teleológica y hermanaútica de los citados articulos 428 y 429 del Código Penal".

Como aquí no hay nadie que se crea que la justicia es independiente, es más que chocante que el anuncio de Peinado se haya producido el día en que el principal investigador de la Kitchen —la trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas que se juzga en la Audiencia Nacional— haya identificado al expresidente Mariano Rajoy como El Asturiano y El Barbas, nombres en clave que utilizaba el excomisario Villarejo en toda la operación ilegal. El inspector jefe del caso Kitchen también ha explicado que el excomisario amenazó con tumbar al entonces presidente de los populares con información comprometedora. Pese a esa contundencia, no parece probable que el caso escale más arriba del exministro Jorge Fernández Díaz, ya que así lo dejó atado y bien atado el juez Manuel García Castellón antes de su jubilación. A ello se opuso la Fiscalía Anticorrupción, pero el magistrado se mantuvo en sus trece alegando la ausencia de indicios sólidos. Hay que ver cómo los indicios son más sólidos o más líquidos según quién sea el acusado. Aquí no es que haya dos varas de medir, sino que hay tantas varas de medir como filiaciones políticas haya por en medio y fobias personales puedan existir.