Aunque José Luis Rodríguez Zapatero salió de la Audiencia Nacional sin medidas cautelares, en contra de lo que pedían la Fiscalía y las acusaciones particulares, lo que se desprende del auto es enormemente preocupante para el expresidente: el juez José Luis Calama no se creyó nada de lo que declaró. Basta una frase de las cuatro páginas que tiene el auto para llegar a esta inequívoca conclusión: "La declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación". ¿Entonces por qué no ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación del Partido Popular de retirarle el pasaporte, prohibirle la salida al extranjero y la comparecencia en el juzgado cada quince días? Muy sencillo: por una cuestión garantista en favor del imputado en la fase del proceso en la que nos encontramos; además, porque se trata de un expresidente del Gobierno y, seguramente, porque un movimiento precipitado de Calama habría terminado en un recurso por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional, donde existe una mayoría progresista y una relación de cercanía con su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y una cornada innecesaria al juez de la Audiencia Nacional.
Al final, las medidas cautelares proporcionan un impactante titular, pero innecesario en el caso de Zapatero, ya que el riesgo de fuga es casi inexistente por ser una persona ampliamente conocida y porque necesariamente tendría una repercusión inmediata sobre sus dos hijas, también imputadas. La trascendencia de la comparecencia como imputado de Zapatero en la Audiencia Nacional tiene, al menos, tres frentes para ser analizada; vayamos a cada uno de ellos. El primero de ellos, su desfile por la Audiencia Nacional, que le convierte en el primer expresidente del gobierno que tiene que pasar un trance de esta naturaleza. Muchos medios han hablado de su muerte civil por el proceso y por la falta de explicación en el tema de las joyas, valoradas en más de 1,3 millones de euros, encontradas en la caja fuerte de su despacho.
Lo que se desprende del auto del juez José Luis Calama es enormemente preocupante para el expresidente Zapatero: el juez no se creyó nada de lo que este declaró
En segundo lugar, el desplome ético que supone para la izquierda la imputación de Zapatero, no por minucias sin importancia, sino por los siguientes delitos: tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, delito fiscal y contrabando. Todos ellos suman muchos años de cárcel, pero uno solo es una calamidad, políticamente hablando. En tercer lugar, está el tema de las joyas y las múltiples versiones dadas por su secretaria particular primero y su portavoz más tarde. Una herencia familiar valorada entre 30.000 y 50.000 euros, un regalo supuestamente prescrito de 2007 cuando era presidente y entregado en Madrid por el rey de Arabia Saudí, la aparición del Código de Buen Gobierno de 2005 que ya establecía el rechazo de cualquier regalo y la declaración del gobierno en aquella que negó hasta en diecisiete ocasiones haber recibido obsequios de valor. ¿Cuál nos hemos de creer ahora?
Como que de la instrucción de la causa contra el expresidente Zapatero tendremos mucho tiempo para ir hablando, quiero acabar con un tema aparentemente menor, pero solo explicable en la situación actual de degradación de la vida pública. Se trata de la negativa de la Mesa del Congreso a que sean votadas en el pleno de la Cámara dos enmiendas de Junts y PP para instar al presidente del gobierno a convocar elecciones. Confundir esto con la prerogativa del presidente a que sean convocadas es un acto de mala fe y de filibusterismo parlamentario que solo se sostiene en la mayoría de la Mesa del PSOE y de Sumar. Además, hay precedentes de haberse hecho, y si acaba en los tribunales, no hay duda de cuál será la decisión. Si todo era evitar trasladar a la opinión pública que el gobierno no tiene la mayoría de la Cámara, eso el que lo quiere saber ya lo sabe. Estar un año así se asemeja cada vez más a un disparate y es impropio de una democracia que se define como liberal.