Buenas noticias de nuevo desde Europa. En este caso desde Bélgica y más concretamente del Tribunal de Apelación de Gante, que ha acordado mantener la negativa de extraditar a España al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtònyc, condenado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión por amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Nueva derrota de la justicia española en Europa, en este caso, no por temas relacionados con la carpeta vinculada al independentismo catalán sino por un caso de manual que afecta a la libertad de expresión al tratarse de la letra de unas canciones del rapero mallorquín. La lección siempre es la misma: lo que la justicia española condena por delitos inexistentes, más allá de los Pirineos el resultado es muy diferente. La vergüenza internacional de España va adquiriendo así dimensiones impensables hace un tiempo, y lo que más sorprende es como todo el entramado político, económico, judicial y mediático lo ha aceptado con una normalidad pasmosa. También el autodenominado gobierno más progresista de la historia, que asiste petrificado al lamentable espectáculo de degradación de valores básicos en cualquier democracia sin poner ningún tipo de remiendo ni político ni legislativo.

Más de mil días han pasado desde que Valtònyc decidió internacionalizar su causa, exiliarse en Bélgica y ponerse a disposición de la justicia de aquel país. Por en medio ha tenido, además de un exilio injusto, la muerte de su madre en Mallorca a principios de 2021, a la que enterró a través de Skype. De aquella decisión, evidentemente dura como lo es cualquier tipo de exilio, han surgido dos decisiones que han dado un vuelco importante. En primer lugar, la condena del Supremo por las letras de una canción en la que decía que Juan Carlos I era un ladrón planteó un interesante debate jurídico en Bélgica sobre qué se entendía por injurias a la Corona en el siglo XXI. La conclusión fue la despenalización en el Código Penal de Bélgica del delito de injurias a la Corona que databa de 1847. Superado este obstáculo de que no había delito de injurias, ha llegado el resto: el rechazo a la extradición solicitada por el Tribunal Supremo.

Por muchas veces que se diga, seguramente será insuficiente: nada sería tan evidente, ni quedaría tan desnuda ante la opinión pública internacional la actuación de la justicia española, sin el exilio de un grupo de hombres y mujeres que han dado luz en medio de la oscuridad más tenebrosa. El Supremo no habría quedado al descubierto y no se podría afirmar sin margen de error posible que lo que se ha producido en España ha sido una persecución judicial en toda regla para acabar con cualquier tipo de disidencia. Primero fue la política, contra el movimiento independentista, pero a partir de aquí el silencio y la debilidad del gobierno español ha permitido que el denominado deep state se apodere del relato, juegue por su cuenta una partida suicida en que todo vale en defensa de la unidad de España y de la institución de la monarquía.

Sería este 28 de diciembre, antaño un celebrado Día de los Inocentes en que las bromas en los medios de comunicación estaban a la orden del día, un buen momento para recordar que se publicaron portadas y más portadas asegurando que Valtònyc acabaría en prisión, ya que tenía una condena en firme. No era una inocentada cuando lo decían en sus primeras páginas sino una fake news de prietas las filas. Que la sentencia del Tribunal de Apelación de Gante se produzca en pleno debate sobre el retorno del rey emérito a España, que se sitúa ahora a mediados de febrero, no deja de ser una jugada malévola de la historia. El rey fugado y sobre el que hay pruebas más evidentes de corrupción va a poder volver libremente a España, entre otras cosas, por la desidia de la justicia española, y, en cambio, Valtònyc tendrá que seguir viviendo en el extranjero aunque el tribunal belga haya denegado su extradición.

No es extraño que se produzca un desapego de las instituciones españolas. Entre los ostentosos silencios de la izquierda española en un caso claro de libertad de expresión y la protección a la monarquía de cualquier tipo de investigación política, está quedando un panorama de lo más desagradable.