Tenía que abrirse en canal, como está sucediendo, la corrupción existente en las filas socialistas para comprobar que la crisis institucional del Estado español es de tal magnitud que ni tan siquiera estaba previsto disponer de los contrapesos necesarios para hacer frente a situaciones como la presente. Carece de contrapesos legales y también hay un déficit absoluto de contrapesos éticos. Es realmente espeluznante que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz impute a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, en el denominado caso Leire Díez, por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia con acusaciones tan graves como la supuesta utilización de procedimientos internos contra miembros de la UCO, la Unidad Central Operativa de dicho cuerpo, y no pase nada.
Peor incluso que eso: el Gobierno mantiene la confianza y el apoyo político a la directora de la Guardia Civil y hacen lo propio tanto el presidente, Pedro Sánchez, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ya sé que debería ser justo al revés en un Estado democrático y un auto como el de la Audiencia Nacional debería ser suficiente para que Mercedes González y Manuel Llamas dimitieran y, si no lo hicieran, a las pocas horas fueran cesados. Pero la política ha adquirido tales dosis de cinismo y de falta de todo tipo de valores que con un buen relato se le puede dar la vuelta a todo. Una buena narrativa que convenza a los tuyos es capaz de hacer trizas el marco legal y nos lleva a debates que parecían absolutamente superados. Por un momento hay que acordarse de Luis Roldán, aquel sátrapa director general de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, condenado a 31 años de prisión por malversación, cohecho, estafa, fraude fiscal y falsedad documental, tras apropiarse de fondos reservados y cobrar comisiones por obras en cuarteles.
La situación actual puede llegar a ser institucionalmente más grave si las acusaciones contra Mercedes González acaban probándose, ya que querría decir que desde la cúpula de la Guardia Civil se habrían utilizado mecanismos del Estado para interferir deliberadamente en investigaciones judiciales en trámite del PSOE y de la familia del presidente del Gobierno. El daño institucional sería, en consecuencia, enorme, porque afectaría a valores tan importantes como la independencia de la policía judicial, su actuación en investigaciones penales en curso, la separación de poderes y la confianza del ciudadano en que el Gobierno no utiliza los cuerpos policiales para proteger sus intereses políticos. No estamos aquí, ciertamente, pero ya empezamos a tener una cierta experiencia en cómo evolucionan todos estos casos.
Esa pérdida de aceptación de la realidad, vulnerando los principios mismos de un régimen parlamentario en democracia, llega incluso a dar vértigo
La Fiscalía pone en duda las diferentes explicaciones de Mercedes González, quien inicialmente negó que hubiera reuniones con Leire Díez (la fontanera jefa de las cloacas del PSOE bajo el mando de Santos Cerdán); después admitió que fueron dos, más tarde tres y finalmente reconoció que en una de ellas Leire pidió la readmisión de un comandante. Además, menciona el borrado de conversaciones de WhatsApp como otro elemento que considera relevante para la investigación. Desconozco qué nos acabará dejando este caso concreto, pero lo más preocupante, acabe como acabe, es la pérdida absoluta de realidad sobre lo que se puede y no se puede hacer. Esa pérdida de aceptación de la realidad, vulnerando los principios mismos de un régimen parlamentario en democracia, llega incluso a dar vértigo.
Vivimos un primer caso con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que no dimitió hasta que fue condenado por el Tribunal Supremo, en noviembre de 2025, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa por un delito de revelación de secretos. No había precedente alguno de ello, pero no atendió a ninguna de las peticiones de dimisión y el Gobierno le mantuvo su apoyo y no lo cesó. Ahora vuelve a ser lo mismo y se aborda desde el poder con la misma normalidad que en el pasado. Lo preocupante es que acabamos convirtiendo en normal algo que no debería suceder nunca.