Después de ocho años y cinco meses al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el cántabro José Félix Tezanos Tortajada, a sus 80 años, está a punto de despedirse del cargo como llegó y poner el epílogo a una presidencia marcada por la polémica sobre la independencia del organismo. Tezanos ha presentado, justo el día en que se iniciaba la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles, una macroencuesta con un total de 45.074 entrevistas, una barbaridad de personas y sin duda la más importante realizada en España, que concede al PSOE una ventaja de 7,8 puntos sobre el PP y deja a PP y Vox sin mayoría absoluta. Un escenario que contradice las principales encuestas privadas y que obliga a cuestionarla, ya que, además, el sesgo de la muestra es excesivo y no tiene correcciones. Algo especialmente preocupante porque, según algunos cálculos, estaríamos hablando de un coste de alrededor de dos millones de euros y tiene toda la pinta de ser tan solo un elemento propagandístico del Gobierno.
Lo cierto es que Tezanos tampoco ha engañado a nadie: Sánchez nombró presidente del principal organismo demoscópico público de España a quien hasta ese momento era responsable de Estudios y Programas de la dirección federal de su propio partido. No debería ser posible que eso sucediera, pero aquí las puertas giratorias parecen no contar. El PP, cuando mandó, tampoco siguió unas pautas mucho más pulcras, sobre todo con los diferentes gobiernos de José María Aznar. Pilar del Castillo presidió el CIS entre 1996 y 2000; posteriormente fue ministra de Educación y, más tarde, colaboradora de FAES, el laboratorio conservador. Se parece, pero está un escalón más bajo, ya que Tezanos era directamente miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE cuando Sánchez lo nombró presidente del CIS. Vale la pena recordar que en enero de 2026 el PP propuso que no pudiera presidir el CIS nadie que hubiera ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores. Espero que, si Feijóo gobierna, se aplique esta receta.
Porque es evidente que la proximidad al partido gobernante ha terminado comprometiendo la independencia y la credibilidad científica de una institución pública que históricamente había gozado de un cierto prestigio. El CIS ahora actúa más como una máquina de propaganda y los aciertos son mínimos. Así, la discrepancia es enorme: el CIS da una ventaja de 7,8 puntos al PSOE; el promedio privado da una ventaja de 4,2 puntos al PP. Son doce puntos de diferencia en la distancia entre los dos principales partidos. El problema de Tezanos no es simplemente que dé ganador al PSOE, sino que su estimación dibuja un escenario de gobernabilidad radicalmente distinto del que presentan las encuestadoras privadas. Eso exige examinar su metodología y comprobar hasta qué punto los datos originales justifican la estimación. La pregunta pertinente solo puede ser una: ¿está Tezanos midiendo la opinión pública o intentando influir en ella a diecisiete días de las elecciones? Si falla estrepitosamente en su vaticinio, ¿tendrá que dar alguna explicación o bastará con una mera disculpa? Debería ser lo primero, porque solo este año ha dispuesto el CIS de una cantidad enorme: 18,36 millones de euros.
El problema es que el Estado financie una institución cuya credibilidad está en entredicho desde el primer día y que, en lugar de despejar las dudas sobre su necesaria independencia, las alimenta con cada nueva encuesta
Y si abrimos el foco un poco, el CIS ha recibido 82,8 millones de euros en fondos públicos entre 2018 y 2025, el tiempo en que Tezanos ha estado al frente y que ahora se dispone a cerrar con la credibilidad de sus pronósticos electorales sometida a una controversia permanente. La cuestión de fondo es si un organismo público puede conservar su autoridad científica cuando sus estimaciones electorales se convierten, de manera recurrente, en un argumento favorable al Gobierno que nombró a su presidente. Porque, al final, el único problema no es que Tezanos se equivoque, que a todas las empresas de encuestas en un momento u otro les ha sucedido. El problema es que el Estado financie una institución cuya credibilidad está en entredicho desde el primer día y que, en lugar de despejar las dudas sobre su necesaria independencia, las alimenta con cada nueva encuesta. Si se quiere algo diferente en el futuro, habría que trabajar sobre varias modificaciones imprescindibles.
Aquí van varias ideas: elección del presidente por una mayoría cualificada del Congreso como, por ejemplo, tres quintos de la Cámara, para obligar a un acuerdo entre Gobierno y oposición; un mandato de seis años no renovable para desvincularlo del calendario electoral y de la duración de las legislaturas; una incompatibilidad real con cargos de dirección de partidos, al menos durante los cinco años anteriores al nombramiento; y, finalmente, una auditoría científica independiente a partir de un comité de especialistas que examine periódicamente los procedimientos de estimación, las ponderaciones y los resultados, comparándolos con los resultados electorales reales. Dudo que esto le acabe interesando a ningún Gobierno, que siempre prefiere controlar las cosas a cambiarlas. Pero no hay otro camino que este si se quiere hacer bien.