El Gobierno ha propuesto un nuevo mecanismo para garantizar las pensiones, ya que la hucha está bien vacía. Lo quiere hacer incrementando las cotizaciones porque, dicen, es la única manera de tratar de asegurar las jubilaciones a los "baby boomers", la generación más numerosa que nació entre los finales del cincuenta y finales de los setenta y que muy pronto se empezará a jubilar.
Garantizar las futuras pensiones es uno de los mayores retos a que se enfrenta el Estado, y es que ahora mismo en la caja sólo hay 2.000 millones de euros (en comparación con los 67.000 millones que había llegado a haber). Por eso, el ministerio de Seguridad Social se plantea aumentar las contribuciones en un 0,5%, es decir, actuar por el lado de los ingresos. Eso, traducido, quiere decir que, por ejemplo, los mileuristas tendrán que pagar una media de 10 euros más en el mes: 5 la empresa y 5 el trabajador. Este mecanismo se pondría en marcha a partir del 2023 durante un plazo de diez años, hasta el 2032. Eso, sin embargo, de momento es sólo un primer borrador que todavía se está negociando con los agentes sociales.
¿Es viable?
El ministro José Luís Escrivá ha explicado que de esta manera se activaría el mecanismo de equidad intergeneracional y se derogaría el factor de sostenibilidad que activó el Partido Popular.
Pero los agentes sociales y algunos expertos ya han expresado sus dudas sobre la viabilidad de esta medida, porque no creen que el dinero que se recaude con esta cotización adicional sea suficiente para afrontar el aumento del gasto en pensiones que se espera por|para las jubilaciones del baby boom. Según la Autoridad Fiscal (AIReF), la tasa de dependencia de personas mayores –población más grande de sesenta y seis años sobre población en edad de trabajar– se duplicará, pasando del 26% actual al 53% en el 2050.
La vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Seguridad Socia Jose Luis Escrivá / EFE
Más propuestas
Posteriormente, el gobierno crearía también (si hacen falta) mecanismos para seguir revisando y adaptando el gasto en pensiones al crecimiento económico, entre las cuales habría acceder al dinero del Fondo con un límite del 0,2% del PIB en el año u otras medidas de gasto e ingresos que seguirían las recomendaciones del Pacto de Toledo, con un límite el 0,4% del PIB.
En este sentido, Escrivá ha asegurado que se activaría "únicamente si se aprecia una desviación" del gasto en pensiones, es decir, si las medidas que se han planteado en el primer bloque y las que se pueden aprobar en el segundo "no tienen el efecto previsto", o bien si hay algún imprevisto o una crisis económica, por ejemplo. Se insiste en que es un sistema contingente, que sólo se aplicará en caso de que sea necesario. En caso de que el gasto en pensiones se adecue a lo que la Comisión Europea considera sostenible, se devolvería el dinero vía aumento de las pensiones o reducción de las cotizaciones.
¿Y qué dicen los sindicatos?
Los sindicatos han afirmado que ven con buenos ojos que el planteamiento se centre en aumentar los ingresos de la Seguridad Social y no en recortar las pensiones, pero han señalado que la propuesta del equipo de José Luis Escrivá tiene que ser "mejorada" en términos de "suficiencia", incorporando más ingresos y repartiendo de manera óptima distribución adicional entre empresas y trabajadores. En este sentido, las organizaciones sindicales también reclaman que los acuerdos se tienen que hacer de manera tal que no predeterminen las negociaciones futuras, "en caso de ser necesarias" en la mesa de diálogo social.