Un tercio de las empresas catalanas creen que tendrán que presentar un concurso de acreedores a consecuencia de la crisis del coronavirus. Esta es la principal conclusión de la segunda consulta de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre el impacto de la covid-19 en el tejido empresarial.

Según los datos, uno de cada dos empresarios está pidiendo financiación adicional para hacer frente a esta crisis. Un 40% de los autónomos aseguran no cumplir los requisitos suficientes para poder pedir las ayudas públicas planteadas por el Gobierno, mientras que otro 15% ha decidido cesar la actividad a causa de la crisis. "No son buenas noticias", ha asegurado el presidente de la Cambra de Comerç Catalana, Joan Canadell, en declaraciones en la ACN.

Concretamente, la encuesta preguntaba a las empresas si se estaban planteando hacer un concurso de acreedores por el coronavirus, con qué situación económica se identificaban más como autónomos o pequeñas y medianas empresas y cuál era la situación crediticia enfrente de la nueva situación. En este sentido, un 15% de los encuestados ha asegurado que no les están renovando las pólizas.

Según la anterior encuesta publicada, un 53% de las empresas han hecho un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a causa del coronavirus. Además, casi un tercio han detenido la actividad y cerca de un 65% han reducido las ventas en más de la mitad durante marzo.

Estas encuestas se enmarcan en el sistema de consultas impulsado por la Cambra de Comerç de Barcelona para conocer la opinión de los empresarios y "refrendar" posiciones de la institución. El objetivo es "actualizar" las necesidades del sector empresarial y proponer medidas adecuadas a la situación.

Entre estas, la corporación ha pedido al Gobierno condonar el pago de las cuotas de los autónomos y exonerar a las pequeñas y medianas empresas de pagar la seguridad social a condición de mantener la ocupación. La medida tendría un impacto de 17.600 millones de euros en el presupuesto público. Además, ha reclamado a las administraciones pagar las facturas pendientes para inyectar hasta 14.000 millones de euros de liquidez a la economía.

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