Son muchos los catalanes que no pueden sacar dinero de su cuenta bancaria en un cajero automático en su municipio y que tienen que coger el coche para hacer un gesto tan cotidiano como este. Si bien es cierto que la pandemia ha incrementado todavía más el uso de las tarjetas para hacer pagos, por delante de las monedas y los billetes, la falta de cajeros es una problemática que Catalunya arrastra desde mucho antes de la covid. Ahora, la Diputació de Barcelona ha dado un pequeño paso adelante para solucionar esta problemática, instalando este tipo de máquinas en una sesentena de municipios de menos de 5.000 habitantes. Según han explicado, el proyecto tiene como objetivo recuperar los cajeros que se han cerrado en las comarcas menos pobladas de la demarcación, como son el Berguedà, Anoia, el Bages o el Penedès. En los últimos años, muchos municipios han perdido la única oficina bancaria que tenían y el proyecto se dirige especialmente a estos pueblos sin ningún cajero. "Es un proyecto muy necesario para la cohesión social del territorio y para las personas vulnerables", ha remarcado el diputado de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany. La Diputació licitará próximamente el servicio y prevé que los cajeros estén operativos a principios del 2023.
Según los cálculos de esta administración, habría más de un centenar de pueblos de la demarcación que no disponen de ningún cajero, hecho que se traduce en más de una tercera parte del total. Es por este motivo que en el último pleno del octubre pasado el ente aprobó por unanimidad poner en marcha el proyecto, en lo que destinará alrededor un millón de euros anuales. La cifra puede variar en función de las características que acaben teniendo los cajeros automáticos. En este sentido, el ente ha detallado que en algunas zonas la instalación del cajero implica también mejorar la conectividad. Todavía no se ha decidido en qué pueblos se recuperarán los cajeros, pero la primera fase del proyecto se enfoca a una sesentena. La intención es que la cifra aumente en los próximos años.
¿Licitación desierta?
El proceso de licitación, que será conjunto en todos los municipios, se publicará entre finales de marzo y principios de abril. Una vez adjudicado, se prevé que se ejecute la instalación hacia noviembre y que al principio del 2023 los cajeros ya estén operativos. El ente es consciente que, teniendo en cuenta en los últimos años se han cerrado varias oficinas bancarias, está el "riesgo" de que la licitación quede desierta. En este caso han adelantado que trabajarán para buscar "diferentes fórmulas y alternativas". Arimany ha remarcado que la Diputació será "rígida y estricta" con las condiciones que exigirán a la banca para ganar el concurso: "No les saldrá gratis", ha advertido.
La Diputació de Barcelona ha hecho una primera radiografía de la situación y durante el último mes se ha ido reuniendo con ayuntamientos afectados con el fin de conocer su interés y disponibilidad para poder disponer del servicio. En este sentido, el ente ha destacado que para asegurar la viabilidad del proyecto será necesario que los municipios que soliciten el servicio asuman una parte de su coste, como puede ser la cesión de un local o el mantenimiento de la oficina bancaria.
Situación por todo Catalunya
Aunque esta iniciativa de momento solo la ha tomado la Diputació de Barcelona, por ahora, la demarcación más afectada es la de Lleida. Los últimos datos, del pasado verano, reflejan hasta 130 municipios sin acceso a la retirada de dinero en efectivo, una cifra que habría podido aumentar en estos meses. En total, unas 39.000 personas se tienen que desplazar hasta cinco kilómetros para acceder a un cajero, es decir, un 8,8% de la población del territorio. Girona es la segunda demarcación más afectada, con 123 municipios afectados y un total de 61.585 habitantes sin acceso directo al efectivo. En Tarragona, el porcentaje de población que se tiene que desplazar más de cinco kilómetros para poder retirar dinero en efectivo es del 5,6%, el equivalente a 45.425 habitantes. El número de municipios sin cajeros es de 91. La que menos porcentaje de población afectada tiene es Barcelona, pero ha sido la primera a poner remedio.
Esta no solo es una problemática que afecte a los catalanes (unos 210.000 repartidos en casi 450 municipios), sino que se extiende por todo el Estado. Concretamente, el Banco de España ha cifrado a casi 1,2 millones de españoles en situación vulnerable por esta situación.
Brecha digital
La Diputació también ha apuntado que el proyecto puede ayudar a reducir la brecha digital en la banca, ya que, su intención es que, aparte del cajero, haya también "tutorización" a las personas mayores, un servicio que tendrá que prestar la entidad financiera que gane la licitación. Así, hará falta que haya asistencia a los usuarios y formación en el uso de los cajeros para las personas que no estén familiarizadas con esta tecnología. Además, una de las posibilidades que hay sobre la mesa es que los cajeros tengan reconocimiento biométrico para facilitar las gestiones a las personas mayores.
En este sentido, el Ayuntamiento del Vendrell ha presentado una iniciativa innovadora que se podría reproducir a otros municipios: subir los impuestos de los bancos para forzarles a cambiar. La idea es que paguen una tasa municipal de uso de la vía pública por las colas que generan en la calle, con un importe que podría llegar a los 10.000 euros. En caso contrario, si el banco amplía horarios y mejora la atención, prevén una bonificación del 90%. Ahora, sin embargo, se ha creado una comisión que estudiará como aplicar la medida para que tenga validez jurídica.