Pimec ha anunciado este viernes que mantiene el proceso judicial por "daños reputacionales" contra el diputado de Junts en el Parlament y expresidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell. Así lo ha anunciado la misma patronal a través de un comunicado, la patronal encabezada por Antoni Cañete ha lamentado que Canadell no haya rectificado sus declaraciones contra la patronal.

Concretamente, Pimec ha asegurado que "la patronal ha anunciado hoy que continuará con el proceso judicial por la vía civil con una demanda de juicio ordinario por tutela del derecho fundamental al honor, en resarcimiento de los daños reputacionales ocasionados" por Canadell. Además, Pimec ha añadido que el único interés de la actual dirección es "preservar el buen nombre de la entidad y de sus socios".

Sobre la eventual indemnización económica que se pudiera generar, la patronal ha anunciado que ha decidido que será destinada a una entidad sin afán de lucro por finalidades sociales hacia personas empresarias que puedan estar en situación de necesidad. Pimec reclama a Canadell 30.000 euros de indemnización.

Todo se originó el pasado mes de noviembre cuando Canadell, refiriéndose a Pimec, aseguró que "hay patronales que hace 25 años que no celebran elecciones". Al respecto, la patronal aseguró que "las declaraciones dañan el honor de Pimec y su reputación, además que son mentira", y aseguraron que la patronal cada 4 años inicia un proceso electoral a la patronal aunque posteriormente no se acaben celebrando elecciones como tal porque solo se presenta una candidatura.

Reacción de Canadell

Cuando recibió la querella, Canadell, que todavía era presidente de la Cámara, explicó a través de Twitter que Pimec le reclama 30.000 euros por el tuit. Canadell añadió que su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, ya había recibido las indicaciones para personarse al juzgado "para hacer frente a esta injustificada demanda". "Que no se celebran elecciones en Pimec desde hace muchos años es un hecho objetivo", añadió.

Al mismo tiempo, Cuevillas, cuando supo que la patronal se había querellado contra su cliente, aseguró públicamente que ganarían el caso fácilmente alegando la exceptio veritatis, haciendo referencia a la facultad que tiene un acusado de injurias a probar la veracidad de los hechos del relato presuntamente difamatorio.

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