Posiciones confrontadas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha celebrado este martes el juicio por el despido colectivo que afectó a unos 2.100 moderadores de contenidos del centro de trabajo de Barcelona, que trabajaban para Meta, la compañía tecnológica fundada por Mark Zuckerberg, a través de las sociedades Telus International (alemana) y CCC Digital Barcelona. El 3 de abril de 2025, Meta comunicó a Telus y CCC Barcelona que rescindía el contrato y los trabajadores fueron a la calle. El abogado Enrique Leiva, en nombre del sindicato Fuerza Independiente Sindical de Trabajadores- Fist, ha pedido al tribunal que revoque este despido masivo porque es "un cierre patronal" y es "ilegal". Además, ha asegurado que Meta los despidió como "represalia" por los centenares de demandas que interpusieron los trabajadores por su discriminación por lugar de origen y por no protegerlos y exponerlos a contenidos violentos. La abogada de Meta se ha sacudido responsabilidades y ha asegurado que rescindió el contrato que tenía, mientras las abogadas de las otras empresas han insistido en que el despido fue suscrito por el 60% de la plantilla y acordado con la UGT y CCOO, tal como ha ratificado un abogado en nombre del sindicato. Si el TSJC revoca el despido, el impacto económico es de unos 90 millones de euros, sin perjuicio de la determinación judicial que corresponde, según Fist.
"Confusión de empresas"
En la vista, el abogado Enrique Leiva ha insistido en que los moderadores, situados en la torre Glòries de Barcelona, trabajaban con el "mismo grupo empresarial", que era una "confusión de sociedades" para insistir en la responsabilidad del gigante Meta.
En este sentido, un extrabajador ha explicado al tribunal que mantenía reuniones con CCC Barcelona y con Meta para definir estrategias y productividad.
No legitimada y caducidad
Por el contrario, las abogadas de las seis empresas denunciadas han asegurado que Fist "no está legitimada" para impulsar el proceso porque no estaba representada en el comité de empresa, que quiso desmontar al saber del despido masivo. Han añadido que el nuevo sindicato presentó "duplicidades" de representantes, y que "en realidad solo tiene unos 10 afiliados".
Además, han asegurado que la demanda se debe desestimar por "caducidad" en su presentación al haber superado los veinte días hábiles que recoge la ley. Las abogadas de las empresas que han intervenido son: Mireia Sabaté Cañelles, Valeria Alexandra Mayorga y Paula Talavera Díaz, y por parte de la UGT, Alejandro de Llano Salvador. Las letradas de Telus y Meta han insistido en que "son empresas independientes, no un grupo" y que la demanda se presentó tarde y, por lo tanto, se debe declarar "la caducidad de la acción”.
La abogada de Meta ha insistido en que es "Meta Irlanda no de los EE. UU." y ha añadido: "Tenemos miles de moderadores en Europa y EE. UU., pero no el mismo proveedor". También ha querido desvincular este pleito de los que tiene Facebook, en todo el mundo, con el reclamo de que se proteja más a los menores en el uso de las redes sociales.
En concreto, las sociedades demandadas son: Meta Platforms Ireland Inc; Telus Internacional; Roger Clancy, CEO de CCC Barcelona y de Telus Internacional; CCC Barcelona Digital Services, SLU; CCC Erste Beteiligungs GMBH (con la que Meta admite que tiene el contrato) y CCC Holding GMBH.
Acabado el juicio, el tribunal de la Sala Social del TSJC debe resolver ahora si fue un despido colectivo legal o "una medida ilegal destinada a desplazar la producción a otros países europeos".