Como era de esperar, la patronal española, la CEOE, ha rechazado frontalmente la propuesta del Ministerio de Trabajo para aumentar el salario mínimo de cara a este 2022. Concretamente, la patronal, liderada por Antonio Garamendi, ha tildado de forma unánime de "indiscriminada" la oferta del Ejecutivo español, que contempla una subida de 31 euros mensuales, dejando el SMI en 996 euros en el mes en 14 pagas. De hecho, desde la patronal apuntan que este incremento podría suponer "un riesgo serio para el empleo y para los trabajos no cualificados". Esta nueva negativa de la CEOE, que ya se negó a firmar el acuerdo para la última subida, supone que el incremento del SMI, con toda probabilidad, será de nuevo fruto de un acuerdo bipartito entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, como ya sucedió cuando el SMI subió de 950 a 965 euros al mes en septiembre pasado.

Desde la patronal añaden que la propuesta no tiene "conexión con la productividad" y la "recuperación". Ahora bien, la CEOE sí que se muestra partidaria de trabajar en un nuevo acuerdo de negociación colectiva (AENC) que permita adaptar los salarios a la realidad de cada sector y territorio. La subida propuesta por el Ejecutivo, hay que recordar, está en la franja intermedia de las recomendaciones del comité de expertos, en cuyo informe se contemplan tres escenarios para 2022 con incrementos del SMI a 989 euros mensuales (24 euros más), a 996 euros (31 euros más) o a 1.005 euros (40 euros más).

La patronal alega que la subida es "inasumible" y más encara teniendo en cuenta que llega en un "contexto económico de incertidumbre en el cual previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta 2023, con presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad". A todo esto también le suman que la remuneración de los asalariados ya ha recuperado los niveles previos a la crisis de la covid, pero el excedente sucio de explotación todavía continúa siendo un 6,6% inferior al de 2019, por eso consideran que las empresas van retrasadas en la recuperación de la normalidad y es un reflejo de la difícil situación que todavía vivo el tejido empresarial. Por todo esto, consideran que una nueva subida del SMI contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de ocupación.

La reacción de la patronal llega 24 horas después de la reunión entre todos los agentes sociales y el Gobierno. La única al comparecer después del encuentro fue la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que defendió que el objetivo de la negociación es aprobar el aumento con "muchísima prontitud", defendiendo que el incremento del SMI es "una herramienta muy importante para los trabajadores más vulnerables" además de asegurar que la subida tendría efecto retroactivo a 1 de enero de este año. En la misma rueda de prensa, Díaz también aseguró que antes de tomar ninguna decisión escuchará todas las partes y posiciones, recordando que "los sindicatos siempre quieren más y los empresarios, menos. Yo hago un poco de equilibrio entre las partes". Ahora bien, también dejó muy claro que lo más relevante de este proceso es que haya diálogo social, advirtiendo a la patronal que no le temblará el pulso a la hora de no contar con ellos para cerrar el pacto, asegurando que "ya veremos si acaba con acuerdo bipartito o tripartito".

Por la parte de los sindicatos, CCOO ya ha dado el sí a la propuesta del Gobierno y la UGT ya ratificó en su última Ejecutiva un SMI de 1.000 euros y que si la oferta de Trabajo iba en esta dirección, como finalmente así ha estado, le darían apoyo. En todo eso hay que recordar que el septiembre pasado, el Ejecutivo acordó con los sindicatos elevar el SMI hasta los 965 euros con efectos desde el 1 de septiembre de 2021, estableciendo también en este acuerdo el compromiso que, mediante su "progresiva revisión" de cara al 2022 y 2023, consiguiera el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición. De este acuerdo se descolgaron las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que entendían que no era el momento de elevar el salario mínimo dado que la economía española estaba en los inicios de la recuperación y la creación de empleo podría verse dañada.