El PSOE y Unidas Podemos han presentado este jueves a las 12 el nuevo impuesto en la banca y en las empresas energéticas, del cual hasta el momento se conocían pocos detalles. Según el texto presentado por los dos partidos que dan apoyo al Gobierno, el nuevo impuesto no gravará los beneficios de las entidades bancarias, sino tres parámetros: márgenes, intereses y comisiones. Todo, responde a la voluntad que esta medida no la acaben pagando los consumidores. Concretamente, el nuevo impuesto en la banca aplicará un tipo del 4,8% sobre sus comisiones e intereses, mientras que el destinado a las grandes empresas energéticas gravará con un 1,2% sus ventas, según se desprende del texto presentado al Congreso. Como ya sabíamos, las nuevas prestaciones afectarán a los resultados de los ejercicios 2022 y 2023 y se abonarán el mes de septiembre del año siguiente, con un pago a cuenta del 50% del total que se abonará en febrero. Estos pagos, pero no podrán deducirse con el impuesto de sociedades ni repercutirse al cliente y el incumplimiento podría suponer sanciones por el 150% del importe repercutido.
En 2021, el margen bruto de la banca superó los 84.000 millones de euros en el 2021, mientras que los ingresos por intereses llegaron a los 58.731 millones y las comisiones bancarias subieron a 21.043 millones de euros. Es por eso, que las nuevas tasas se enfocan en estos tres parámetros. Se planea que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y Banco de España medirán las medias históricas de estos tres parámetros para denunciar desviaciones no justificadas con qué las entidades pudieran trasladar a los clientes este gravamen. Como ya se anunció se pretende que este impuesto sea "excepcional y temporal", tendrá una duración de dos años y buscará recaudar 1.500 millones cada año. En total, los dos impuestos recaudarán, si todo sigue los cálculos del Gobierno, unos 7.000 millones de euros en dos años para ayudar a sufragar el coste de las medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.
Impuesto a las energéticas
Con respecto a las empresas energéticas, el año 2019 que facturaron más de 1.000 millones de euros el año 2019, tendrán que abonar para este impuesto un 1,2% del importe neto de la cifra de negocios anual correspondiente a los años 2022 y 2023. Por lo tanto, la obligación de pago será a partir del 1 de enero del año siguiente (2023 y 2024), que se abonará en septiembre, aunque se exigirá un pago a cuenta del 50% del importe total el mes de febrero. Quedarán excluidos del pago de la prestación, con la que se prevé recaudar unos 2.000 millones anuales, los grupos cuya parte energética supone menos de la mitad del importe neto de su cifra de negocios. Es decir, que solo abonarán la prestación los operadores energéticos considerados principales a efectos de la CNMC: cifra nieta de negocios de más de 1.000 millones en 2019 y que la parte energética sea su actividad principal. Eso supone que la prestación recaerá básicamente sobre grupos fiscales, lo cual implica que se limitará a grupos fiscales españoles -sin afectar a las operaciones intragrupo ni a las filiales en el exterior- o empresas independientes.
Malas perspectivas para el Estado español
España crecerá menos de lo que se esperaba, pero lo seguirá haciendo por encima de la media de los países de la zona del euro, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que redujo al 4% la previsión de crecimiento para este año y al 2% la de lo que viene el pasado martes. El FMI ha estado menos optimista que el Gobierno, que este mismo martes actualizó también sus previsiones y que augura tanto para el 2022 como para 2023 crecimientos mayores que los del organismo internacional, del 4,3% y del 2,7%, respectivamente.
Tampoco hizo buenos augurios sobre el crecimiento europeo, ya que dibujó además un escenario posible y más trágico que pasaría si la inflación no se controla o si se produce un cese completo de las exportaciones de gas ruso a las economías europeas.